El requisito de nueva prueba y el recurso de reconsideración

Columna “Derecho & Empresa”

EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Y LA NUEVA PRUEBA

Sheyla Llontop Hurtado de Mendoza (*)

Ante la supuesta violación, desconocimiento o lesión de un derecho o interés legítimo, contenidos en un pronunciamiento de la administración pública, pueden invocarse tres recursos administrativos: el de Reconsideración, el de Apelación y el de Revisión. En este caso nos referiremos al recurso de reconsideración y los requisitos de su presentación.

Según el tratadista MORÓN URBINA, el Recurso de Reconsideración es el “recurso a ser interpuesto ante la misma autoridad emisora de una decisión controvertida, a fin de que evalúe alguna nueva prueba aportada, y por acto de imperio proceda a modificarlo o revocarlo”. Puede advertirse de la definición dada por el tratadista que cualquier administrado podrá invocar el recurso de reconsideración, para que la autoridad que ha emitido la decisión corrija el “error” en que ha incurrido, siempre y cuando cumpla con lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo General, la cual dispone en su Artículo 208 que el recurso de reconsideración deberá sustentarse en nueva prueba.

De esta manera, la exigibilidad de la nueva prueba se vincula con el derecho a probar, estando este derecho,  para el Tribunal Constitucional (TC), vinculado directamente al derecho a un debido proceso, siendo una de las garantías que asisten a las partes la de presentar prueba necesaria para crear en el juzgador la convicción sobre lo argumentado y su veracidad (STC 04831-2005-HC/TC). Al respecto, el TC señala que el debido proceso se configura al cumplir las garantías y normas de orden público, los cuales deben ser aplicados a todos los casos, incluidos los casos administrativos, con la finalidad que las personas pueden defender adecuadamente sus derechos ante los actos realizados por el Estado (STC 4289-2004-AA/TC).

Este debido proceso, como se evidencia de lo dicho por el TC, está íntimamente ligado al derecho de defensa que posee la persona, este derecho a la defensa le permite a la persona, efectivamente, defenderse y hacer uso de la protección conferida por la Constitución Política peruana y la Ley. Pese a ello, este derecho de defensa que tiene la persona no se evidencia en la práctica, precisamente en el recurso de reconsideración, ya que si por error no se invoca en la presentación de este recurso el requisito de la nueva prueba exigido por Ley, dicho recurso es denegado inmediatamente, sin darle la oportunidad al recurrente de poder subsanar su error y otorgarle de esta manera la tutela y protección necesaria por parte de la administración pública.

La solución a este impase, que configuraría una verdadera protección a los principios y derechos del recurrente, sería la de advertirle previamente acerca de la falta de la nueva prueba requerida por la ley, brindándole un plazo razonable para poder subsanar dicha omisión, teniendo en cuenta que sólo al término del plazo, podría admitírsele o negársele el recurso. Con ello, se estaría cumpliendo lo exigido por la ley y a su vez se estaría resguardando los principios y derechos otorgados a la persona.

Del mismo modo, es necesario manifestar que el requisito de la nueva prueba exigida por la Ley de Procedimiento Administrativo General, no solo debe admitir la posibilidad de presentar una nueva prueba obtenida por el recurrente, es decir, de crear una nueva prueba para ser presentada por el recurrente y poder interponer el recurso de reconsideración, sino también admite la posibilidad de ofrecer una nueva prueba que deba ser actuada o conseguida por la administración, por ejemplo ofreciendo un expediente administrativo de fecha anterior como sustento a favor de lo solicitado, no quedándonos conforme solo con el ofrecimiento hecho por el administrado, sino brindándole la oportunidad a que sea, a pedido del administrado, la propia administración la encargada de obtener dicha prueba, siempre que al menos se demuestre su relevancia con el caso. Esto porque el derecho a probar comprende los de ofrecer pruebas y actuar las mismas, por lo que uno puede ofrecer una prueba que será el Estado el encargado de actuarla, porque está dentro de su ámbito de actuación.

Asimismo, al ser el recurso de reconsideración opcional, y en el caso de ser rechazado por la administración, lo más favorable sería admitirse el recurso, presentado como reconsideración, como un recurso de apelación, y de esta manera darle la oportunidad al administrado de agotar la vía administrativa, de ser el caso, otorgando el Estado, a través de la administración pública, la protección debida al recurrente, primando el debido proceso, derecho de defensa, principio de celeridad, y demás garantías y normas protectoras del administrado.

(*) Abogada por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Montes Delgado – Abogados SAC.