Cambios en actividades permitidas en CETICOS

Columna “Derecho & Empresa”

DERECHOS ADQUIRIDOS Y ACTIVIDADES EN LOS CETICOS

Daniel Montes Delgado (*)

El reciente Decreto Supremo 010-2013-PRODUCE ha generado preocupación en las empresas usuarias de los CETICOS, porque incluye como actividades no permitidas de realizar en ellos a algunas que vienen siendo realizadas bajo las normas anteriores con rango de ley, al amparo de contratos de usuarias con vigencia, en muchos casos, hasta el año 2022 y con derechos adquiridos a permanecer en las zonas administradas por los CETICOS y a desarrollar actividades manufactureras sin las limitaciones del decreto supremo en cuestión.

El art. 2 del TUO de las normas con rango de ley de los CETICOS, permite a las empresas instaladas en ellos a realizar actividades de manufactura y maquila, entre otras, conforme a las normas reglamentarias respectivas. Ese reglamento es el aprobado por el Decreto Supremo 023-96/ITINCI, modificado en lo que importa a este tema, por el Decreto Supremo 005-97/ITINCI.

El art. 3 del TUO citado establecía, además, un porcentaje máximo de operaciones distintas a las que fueran establecidas por el reglamento, fijándolo en 8%, de modo que si no se superaba ese límite máximo, las empresas usuarias no perderían los beneficios tributarios del régimen promocional de los CETICOS, con la única salvedad que las empresas usuarias, por dichas operaciones diferentes, estarían sujetas a los tributos normalmente aplicables a cualquier empresa. Y, si se superaba ese límite, la empresa usuaria quedaría obligada a pagar los tributos normales no solo por aquellas operaciones, sino por la totalidad de las realizadas, incluyendo las que gozaban de los beneficios tributarios. Esto ilustra el hecho que las empresas usuarias no estaban impedidas de realizar actividades distintas a las del art. 7 del D.S. 023-96/ITINCI, sino que en todo caso quedaban sujetas a las consecuencias de superar el indicado límite.

Posteriormente, la Décimo tercera Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley 28569 derogó tácitamente el porcentaje a que se refería el art. 3 del TUO citado, derogación que fue confirmada por la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley 29710, al señalarla expresamente desde la vigencia de la Ley 28569. Este cambio en las normas de los CETICOS no significó otra cosa que permitir a las empresas usuarias el desarrollar, sin límite máximo, actividades distintas a las señaladas en el art. 7 del D.S. 023-96/ITINCI, con la única condición subsistente de que, por dichas actividades, tendrían que pagar los impuestos normales, bajo la regla subsistente del referido art. 3 del TUO.

Lo anterior es el caso de algunas empresas, que precisamente no gozan de los beneficios tributarios, conforme a sus contratos de usuario. Cabe anotar que en el mismo sentido de que es posible a una empresa usuaria desarrollar cualquier actividad en CETICOS, se pronuncia el Informe de SUNAT Nº 371-2010-SUNAT.

Por último, la Ley 29902 estableció que los CETICOS no aplicarían los incisos a) y b) del art. 7 del D.S. 023-96/ITINCI, lo cual está en la misma línea de lo mencionado antes y establecido por las Leyes 28569 y 29710, en el sentido de darles a las empresas usuarias la mayor libertad para desarrollar actividades de manufactura sin restricciones. Y quedó pendiente, conforme a la misma Ley 29902, solamente que se aprobara un decreto supremo que fijara las actividades no permitidas, únicamente como limitación para que no se desvirtuaran los fines de los CETICOS. Así, queda confirmado que las normas pasaron de un esquema de “solo se puede hacer lo expresamente señalado” a uno completamente distinto de “solo está prohibido hacer lo expresamente señalado”. Y es bajo este marco legal que estas empresas siguen operando en los CETICOS, sin infringir ninguna norma legal y pagando sus impuestos conforme a ley, por lo que además han adquirido el derecho de seguir haciéndolo, al menos hasta el año 2022, conforme al marco legal vigente y sus contratos de empresas usuarias igualmente vigentes.

Por último, el D.S. 010-2013-PRODUCE, aunque haya aprobado una lista de actividades no permitidas en los CETICOS, atendiendo al marco legal que hemos reseñado y que estableció por un lapso prolongado un régimen de libertad de actividades, solo puede regir hacia adelante, de modo que a lo sumo podría serles de aplicación a las empresas usuarias que recién inicien actividades en los CETICOS, pero no a las que ya estaban establecidas y ya realizaban otras actividades no incluidas en el D.S. 023-96/ITINCI pero igualmente permitidas, como ya hemos visto. Sostener lo contrario equivaldría a vulnerar esos derechos adquiridos, además de desconocer el régimen legal fijado por el TUO, la Ley 28569 y la Ley 29902, que es algo que un decreto supremo, por el principio de jerarquía de las normas además, no puede hacer.

(*) Abogado PUCP, MBA Centrum Católica. Montes Delgado – Abogados SAC.

Prorrata de gastos comunes por efecto del drawback

Columna “Derecho & Empresa”

COMO QUITARLE EL DRAWBACK CON EL CUENTO DE LOS GASTOS COMUNES

Daniel Montes Delgado (*)

Con la publicación del Decreto Supremo 008-2011-EF (18 de enero de 2011), quedó zanjado el tema de si el drawback (devolución de derechos arancelarios pagados en la importación de insumos para fabricar productos a exportarse) debía o no considerarse para efectos de la prorrata de gastos comunes, cuando una empresa tiene rentas inafectas por este concepto. Y aunque no estemos de acuerdo en que esto sea así, como ya hemos analizado en una oportunidad anterior, el caso es que la norma está vigente y debe aplicarse.

Sin embargo, resulta que la regla de la prorrata es algo abusiva, porque obliga a comparar las rentas obtenidas por efecto del drawback (5% de nuestras exportaciones) no con los ingresos de la empresa por las exportaciones, es decir, con el total de lo facturado, sino con la “renta bruta”, es decir, el margen neto luego de descontar los costos, lo cual puede ser una cifra mucho más reducida. Por ejemplo, una empresa que alcanzó a tener un margen bruto de un millón de soles, y un drawback por otro millón de soles, tendría derecho entonces a deducir como gasto solamente el 50% del total de “gastos comunes” del ejercicio (aquellos gastos que hubieran servido para obtener a la vez tanto las rentas afectas como las inafectas). Drástica regla que algún día debería corregirse, puesto que obliga a comparar cosas incomparables, porque las exportaciones pueden tener costos importantes, qué duda cabe, pero el drawback no tiene costo directo alguno.

En fin, aún con lo dicho, no habría demasiados problemas si la aplicación de la regla de la prorrata se hiciera realmente sobre los “gastos comunes”, o como dice la norma del inciso p) del art. 21 del Reglamento del Impuesto a la Renta, a “los gastos necesarios para producir la renta y mantener la fuente que incidan conjuntamente en rentas gravadas, exoneradas o inafectas, y no sean imputables directamente a unas u otras”. Pero el caso es que SUNAT interpreta esta norma a su conveniencia y de modo lesivo para los exportadores, porque considera como “gastos comunes” absolutamente a todos los gastos de la empresa. En el ejemplo anterior, la empresa exportadora entonces perdería el derecho a deducir la mitad de todos sus gastos, lo cual es absurdo, solo por el hecho de haber solicitado el beneficio del drawback.

La lógica detrás del argumento es la siguiente: como el drawback se obtiene por haber exportado, y para exportar hay que hacer todos los gastos que hace la empresa, entonces resulta que todos los gastos han servido para obtener el drawback. Si esta forma tan amplia de entender la relación de causalidad de los gastos fuera aplicada por SUNAT generosamente a los gastos corrientes de cualquier empresa, entonces no habría tantas acotaciones por gastos no deducibles, porque la administración estaría obligada a reconocer cualquier gasto que uno le presente, por el simple mérito de haber efectuado el gasto, nada más. En otras palabras, SUNAT usa una regla muy estricta para aceptar los gastos deducibles en general, pero cuando se trata de aplicar la prorrata por el drawback, se pone blanda y afirma que todos los gastos han servido para obtener el beneficio, lo cual es inadmisible.

En todo caso, como gastos comunes debiéramos entender los gastos administrativos, y eso sin contar la depreciación de las instalaciones y equipos y demás bienes aplicados a la actividad exportadora. Y no debieran ser considerados como comunes por ejemplo los gastos financieros, por diferencia de cambio, gastos de personal, gastos de venta, entre otros muchos, que no tienen relación directa alguna con el drawback. Si el Estado no desea mantener el beneficio del drawback, debería derogarlo directamente y no usar estos subterfugios para desconocerlo. Si no, piense en el caso de una empresa agroexportadora que, por situaciones propias de ese sector, no tuvo renta bruta sino pérdida bruta en un ejercicio, pero alcanzó a obtener el drawback para paliar esas pérdidas, y que sin embargo, por aplicación de la prorrata como la entiende SUNAT, no puede deducir ni un sol por gastos (cero entre cualquier cantidad es igual a cero), con lo cual tributariamente tendrá una menor pérdida arrastrable, terminando por pagar impuesto a la renta por un monto que hasta puede ser igual al drawback recibido. Como para seguir diciendo que se quiere promover las exportaciones.

(*) Abogado PUCP, MBA Centrum Católica. Montes Delgado – Abogados SAC.

Modificaciones al delito de usurpación

Columna “Derecho & Empresa”

CAMBIOS EN EL DELITO DE USURPACIÓN

Deysy López Zegarra (*)

El delito de usurpación está ubicado en el rubro de los delitos contra el patrimonio y afecta el derecho de  posesión pacífica sobre un bien inmueble. El Código Penal en su artículo 202°, tipo base del delito de usurpación, prescribía " Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años:

1.- El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo;
2.- El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real.
3.- El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble.

El 19 de agosto de este año, se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30076, la cual  amplia la tipicidad, modificando el Art. 202° del Código Penal , e imponiendo una pena no menor de dos ni mayor de cinco años, para aquel que comete las conductas descritas. Pero la gran novedad de la norma es que se ha adicionado al Art. 202°, el inciso 4 que prescribe: “El que, ilegítimamente, ingresa  a un inmueble, mediante actos ocultos, en  ausencia del poseedor o con precauciones para asegurarse el  desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse.” Asimismo, se indica en la norma, que “la violencia a la que hace referencia en los numerales  2  y  3 se ejerce tanto sobre las personas como sobre los bienes.”

La modificación responde a una necesidad de proteger a la sociedad de la comisión del delito y del tráfico de tierras, pues con el crecimiento urbano ha aumentado el riesgo; sin ir muy lejos es una realidad que muchos terrenos de las playas del norte han sido usurpados; un caso que sirvió de inspiración para los legisladores, fue el de un agricultor propietario y poseedor de terrenos en la ciudad de Tumbes, quien fue víctima de una banda de invasores, quienes sigilosamente se posesionaron en una propiedad y al verificarse que no hicieron uso de la violencia, no fue posible denunciarlos por el delito de usurpación. Esta misma realidad sucede en las zonas urbanas y rurales, pues una persona que tiene varios inmuebles  y no se encuentra posesionado en uno de ellos, puede ser víctima de despojo de su propiedad, comportamientos que resultan desde cualquier punto de vista reprochables. Sin embargo con la modificación de la norma, ahora se considera usurpación al ingreso clandestino al inmueble, circunstancia que no había sido considerada antes.

Otro problema resuelto por la Ley 30076, es la discrepancia que había entre los juristas y doctrinarios que consideraban que la violencia o intimidación en la usurpación debía recaer exclusivamente sobre las personas, y quienes consideraban que la violencia requerida por el tipo penal, no sólo podía ser ejercida sobre las personas, sino también sobre las cosas. Ha quedado establecido que la violencia  se  ejerce tanto sobre las personas como en los bienes.

Además, a partir de la promulgación de la  mencionada ley, además de las agravantes ya establecidas en el Art. 204 del Código Penal, se castigará como tipo agravado cuando la usurpación se cometa:  sobre inmuebles que integran el patrimonio cultural de la Nación; afectando la libre circulación en vías de comunicación; colocando hitos, cercos perimétricos, cercos vivos, paneles o anuncios, demarcaciones para lotizado, instalación de esteras, plásticos u otros materiales; abusando de su condición o cargo de funcionario o servidor público; y será reprimido con la misma pena el que organice, financie, facilite, fomente, dirija, provoque o promueva la realización de usurpaciones de inmuebles de propiedad pública o privada.   Dichas acciones delictivas  se castigarán,  con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años e inhabilitación, cuando con el tipo penal derogado la sanción alcanzaba de 2 a 6 años.

Un último cambio importante es que serán procesados no solo quienes invaden, sino también quienes promueven las invasiones. La ley ya está en vigencia, y ha sido respaldada por muchas autoridades, esperemos que se cumpla.

(*) Abogada por la Universidad Nacional de Piura. Montes Delgado – Abogados SAC.

Requisitos del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

Columna “Derecho & Empresa”

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y su obligatoriedad

Mirella Bernal Suárez (*)

Hace poco hemos comentado la Resolución Directoral N° 499-2013-MTPE/1/20.4, que multó a una empresa por haber cometido diversas infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre ellas: No contar con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante RISST) aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), imponiéndole una multa total de S/. 36,500. Esta obligación está regulada en el artículo 34 de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que indica que todas  las empresas con veinte o más trabajadores deben elaborar su RISST.

Asimismo, la norma señala que es responsabilidad del empleador, entregar a cada trabajador copia del RISST (por medio físico y/o digital). Ahora bien teniendo en cuenta que el reglamento de la ley define “trabajador” como toda persona que desempeña una actividad laboral subordinada y autónoma, para un empleador privado o para el Estado, entonces también se le deberá entregar copia del mencionado reglamento, a todos los trabajadores en régimen de intermediación y tercerización, a las personas en modalidad formativa y a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente o esporádica en las instalaciones del empleador.

Nuestra legislación también señala que el RISST debe establecer los registros obligatorios a cargo del empleador y que al tratarse de un documento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el empleador deberá exhibirlo y debe estar debidamente aprobado por el CSST, de acuerdo al artículo 42 del Reglamento de la Ley 29783.

Cabe señalar que si el empleador no cumple con exhibirlo estaría cometiendo una falta leve, por no cumplir con dicha obligación formal, cuyo incumplimiento trae como consecuencia la imposición de una multa mínima de S/. 3,700 y una máxima de S/. 18,500.

La estructura mínima con la que deberá contar el RISST, serán: a) Objetivos y alcances, b) Liderazgo, compromisos y la política de seguridad y salud, c) Atribuciones y obligaciones del empleador, de los supervisores, del comité de seguridad y salud, de los trabajadores y de los empleadores que les brindan servicios si las hubiera, d) Estándares de seguridad y salud en las operaciones, e) Estándares de seguridad y salud en los servicios y actividades conexas y f) Preparación y respuesta a emergencias. La estructura antes mencionada también la encontramos en la Resolución Ministerial 050-2013, en cuyo Anexo 2, describe un modelo que deberá ser tomado como referencia, además señala que el mismo deberá ser evaluado periódicamente por el CSST.

Con relación a las obligaciones de los trabajadores, la norma indica que en el RISST deberán establecerse las sanciones por el incumplimiento de los trabajadores, a continuación algunas de dichas obligaciones, cuya enumeración no es taxativa: a) Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo, b) Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso, c) Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera o cuando, a su parecer, los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que los originaron, y d) Someterse a los exámenes médicos a que estén obligados por norma expresa, siempre y cuando se garantice la confidencialidad del acto médico.

En el caso descrito, el Ministerio de Trabajo al analizar el cumplimiento de contar con el RISST, señala que en el transcurso de las actuaciones inspectivas la empresa no acreditó que el RISST había sido aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que el Acta que supuestamente lo aprobaba no se encontraba suscrita por todos los miembros. Teniendo en cuenta todo lo comentado, sugerimos que los empleadores elaboren adecuadamente el RISST, se aseguren que sea aprobado con las formalidades correspondientes por el CSST y acto seguido lo presenten a la Autoridad Administrativa.

 (*) Abogada por la Universidad de Piura. Montes Delgado – Abogados SAC.

Costo de registro de contratos laborales

Columna “Derecho & Empresa”

EL COSTO DE LOS CONTRATOS DE EXPORTACION DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES

Bruno Celi Luna (*)

A la fecha, excepto en Piura, para los empleadores de las demás regiones, el registro de los contratos de exportación de productos no tradicionales ante la Autoridad Laboral correspondiente, no implica costo alguno. Sin embargo, mediante la Ordenanza Regional N° 270-2013/GRP-CR, publicada en julio del presente año, se aprueba el TUPA de la Dirección Regional de Trabajo, que establece el pago de una tasa por este concepto.

Los contratos modales, incluyendo los CONTRATOS LABORALES DE EXPORTACION DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES, están regulados por el Decreto Ley 22342 y se suscriben con el objeto de permitir que las empresas exportadoras cuenten con los trabajadores necesarios para la producción de sus mercaderías, en la cantidad requerida solamente, por tal motivo al ser un modo de contratación sin limites temporales ni cuantitativos, el Ministerio de Trabajo mediante su respectivo TUPA tanto a nivel nacional como regionales, implementaron el costo cero del registro de los mencionados contratos, dado el uso masivo de los mismos.

Respecto al régimen laboral de contratación eventual mencionado, debemos recordar que requiere como condiciones para contratar personal temporal: la existencia de contratos de exportación, así como un programa de producción de exportaciones a fin de satisfacer el contrato de exportación que la originó. Así pues, se entendía que dicha decisión, de costo cero, tenía como finalidad, evitar la informalidad en dichos sectores, teniendo en cuenta que los contratos de exportación suelen ser de una vigencia de dos o tres meses.

Ahora bien, según lo establecido por el TUPA 2013 comentado, el registro del contrato, tiene un costo de S/. 5.10 (0.140% de una UIT) por contrato suscrito, es así que desde un punto de vista netamente económico, perjudica a los empleadores piuranos. En tal sentido, observamos cómo es contradictoria la política de fomento de formalización  y cumplimiento de la normativa laboral, con lo establecido por el TUPA de esta región, puesto que puede resultar sumamente oneroso el registro masivo de los contratos laborales de las empresas exportadoras, máxime si se tiene en cuenta que este tipo de contratos se utilizan en situaciones de alta producción, ya que existe la imperiosa necesidad de contratar un gran numero de trabajadores para satisfacer la demanda que su mismo giro de negocios les exige.

Cabe precisar que, si bien es cierto cada Dirección Regional de Promoción y Fomento del Empleo es un ente autónomo, que se puede autorregular con la finalidad de evitar la centralización del poder, también es cierto que no debe existir contradicción alguna entre las disposiciones implementadas por el ESTADO y sus entidades descentralizadas.

Siendo así, es criticable la implementación de una tasa al registro de estos contratos, más aún cuando no existe un fundamento válido que justifique esta medida, que a todas luces perjudica a los empleadores que realizan incontables registros de este tipo de contratos al año tal como lo demuestran las estadísticas presentadas por el Ministerio de Trabajo, en el cual refleja que el 2012 se han registrado alrededor de 83,939 contratos de exportación de productos no tradicionales en su primer semestre, cifra que ha sido superada en el presente año, al presentar 123,600 registros en todo el Perú.

En ese orden de ideas, podemos afirmar que con lo establecido por el TUPA de la región Piura, las cifras antes mencionadas se reducirán, puesto que como ya se ha mencionado previamente, el registro resultaría sumamente oneroso para las empresas industriales, sobre todo por el número de mano de obra que necesita y por lo tanto las empresas tendrán dos alternativas: a) contratar al personal bajo otro contrato sujeto a modalidad con un plazo mayor al de la vigencia de la orden de exportación,  o b) no formalizar dicha contratación, aumentando la informalidad; última alternativa que esperamos no se adopte, ya que sugerimos evaluar una nueva modalidad de contratar y de esa forma, evitar el impacto económico que trae esta medida.

(*) Universidad de Piura. Montes Delgado – Abogados SAC.

Embargo de retención y deber de comunicar deudas

Columna “Derecho & Empresa”

NADA QUE PAGAR, NI EMBARGAR, NI NOTIFICAR

Karina Talledo De la Piedra (*)

Uno suele preguntarse cómo debe proceder ante la notificación de una Resolución Coactiva de medida cautelar de embargo en forma de retención  emitida por SUNAT, destinada a afectar las sumas de dinero que le podamos estar adeudando al contribuyente ejecutado por la administración, la que nos requiere  información respecto a si mantenemos en nuestro poder bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como derechos de crédito de los cuales el deudor tributario sea el titular y que se encuentren en poder nuestro. El embargo supone entonces que, en lugar de pagarle al deudor moroso, le paguemos a SUNAT.

Esta medida cautelar de embargo en forma de retención está regulada en el inciso 4 del artículo 118 del Código Tributario, que dispone que el embargo se podrá ejecutar mediante la diligencia presencial de “toma de dicho” (regulada en el inciso c. del numeral 1 del artículo 20 del reglamento de procedimiento de cobranza coactiva, gestión que en la práctica ha sido dejada de lado), o notificando al tercero retenedor. Asimismo el mencionado artículo obliga al tercero a poner en conocimiento del Ejecutor coactivo “la retención o la imposibilidad de ésta”, en un plazo máximo de cinco días hábiles de notificada la resolución, bajo pena de incurrir en la infracción tipificada en numeral 5 del artículo 177 del Código Tributario y hasta enfrentar una eventual amenaza de responsabilidad solidaria.

Conforme al texto legal citado, la interpretación legal parece conducirnos a dos únicas situaciones en las que el tercero deberá responder al ejecutor coactivo. En primer lugar, deberá comunicar al ejecutor cuando el tercero notificado tenga efectivamente una deuda con el embargado y, por lo tanto, le comunica la retención. Y en segundo lugar, cuando existe deuda, pero le resulta imposible al tercero notificado, efectuar la retención de la misma  por una gran variedad de razones; por ejemplo, que dicha deuda aún no sea exigible, es decir que la misma no haya vencido aún, o que la deuda está en controversia judicial, o que el tercero deudor se encuentre dentro de un proceso concursal (proceso donde se reúnen los acreedores de una empresa que tiene problemas financieros, para decidir qué harán con el patrimonio del deudor), o haya condiciones de pago pactadas a futuro, que impida su retención inmediata, y un sinfín de supuestos más.

Pero, ¿qué pasa si aquel tercero notificado con dicha resolución de embargo de retención, no tiene deuda con el embargado, tiene éste la obligación o no de comunicar algo al ejecutor coactivo? Este tercer supuesto no se encuentra contemplado expresamente en la norma, y de la interpretación de la misma, ya que se trata de un supuesto no regulado, parece a primera vista que el tercero notificado no tiene obligación alguna de comunicarle al ejecutor coactivo que sencillamente no hay deuda con el embargado. El problema es que, en la práctica, la mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a responder en todos los casos, aunque no haya deuda alguna. Y aunque este criterio no es correcto, es tan extendido que a veces los ejecutores coactivos también se lo creen, y consideran que el tercero notificado debe efectuar una contestación siempre, exista o no exista deuda alguna con el embargado, bajo apercibimiento de que dicha supuesta omisión sirva para atribuir responsabilidad solidaria a los terceros notificados. Por eso, siendo precavidos, puede ser mejor que, ante la existencia de este tipo de casos, se responda en el plazo otorgado por la norma, es decir 5 días, haya o no deuda a retener.

Sin perjuicio de esa precaución, consideramos que lo ideal es que se efectúe una precisión en el Código Tributario, con la finalidad de dejar en claro cómo se debe actuar ante este tipo de supuestos y evitar así cualquier contingencia innecesaria.

(*) Abogada por la Universidad de Piura. Montes Delgado – Abogados SAC.

Régimen laboral de las MYPES

Columna “Derecho & Empresa”

MODIFICACIONES AL REGIMEN LABORAL ESPECIAL DE LAS MYPES

Rosa María Saldarriaga Valiente (*)

El pasado 2 de julio se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N° 30056, que modifica diversas normas para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento empresarial; la misma que, entre otros aspectos, trajo consigo dos grupos de modificaciones sustanciales al régimen laboral especial aplicable de las micro y pequeñas empresas (MYPES).

Dentro del primer grupo de modificaciones se encuentran las referidas a las características que permiten catalogar a una empresa como micro o pequeña empresa. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la referida ley, el único elemento que hoy permite clasificar a una empresa como micro o pequeña empresa, está  en función al nivel de ventas anuales; las mismas que para el caso de las microempresas no deben ser superiores a S/. 555,000.= (150 UIT), y para el caso de las pequeñas empresas, no deben superar los S/. 6’290,000.= (1700 UIT). En este sentido, se tiene que el número máximo de trabajadores,  no es más un elemento que permite clasificar a una unidad productiva como micro o pequeña empresa, tal como estaba contemplado en el régimen anterior, el mismo que establecía, además del nivel de ventas anuales, el contar con un número máximo de trabajadores, como requisitos concurrentes de las micro y pequeñas empresas, lo cual podía discriminar a aquellas MYPES que usaran mucha mano de obra.

Por otro lado, la norma señala que aquellas empresas que durante dos años calendario consecutivos superen el nivel máximo de ventas establecidos para ser catalogadas como micro o pequeñas empresas, contarán con un periodo de gracia, para conservar dicho régimen especial, después del cual pasarán definitivamente al régimen laboral general. Dicho periodo es de un año, para las microempresas, y de tres años para las pequeñas.

Así pues, se tiene que si una microempresa constituida en agosto del 2013, supera en el año 2015 el límite de ventas anuales permitido, puede durante el año 2016, conservar el régimen laboral especial aplicable a las microempresas, de manera que en el año 2017, de ser el caso, tendrá que pasar al régimen laboral común de la actividad privada, lo que implica por ejemplo que si antes no tenía obligación de pagarle CTS a sus trabajadores, ahora sí la tenga; lo mismo sucede para el caso de las gratificaciones y utilidades, beneficios a cuyo pago no se encuentran obligados los empleadores de las microempresas. Tratándose de una pequeña empresa, se tiene que si la misma antes otorgaba media remuneración a sus trabajadores por concepto de gratificación, una vez que sus trabajadores pasen al régimen laboral común de la actividad privada, tendrá que otorgarles a los mismos, por dicho concepto, ya no media sino una remuneración completa.

Con respecto a la aplicación de esta ley, como bien señalamos al inicio del presente artículo, las modificaciones introducidas por la misma, se aplicarán indefectiblemente a las empresas que se inscriban como micro o pequeñas empresas a partir de su entrada en vigencia; es decir a partir del 3 de julio del 2013. En este sentido, se tiene que las empresas constituidas bajo el amparo del Decreto Legislativo N° 1086, continuarán rigiéndose por sus disposiciones; de manera que para ellas el superar por dos años consecutivos el número máximo de trabajadores permitidos sigue siendo, junto con el superar los niveles máximos de ventas, causales de pérdida del régimen especial. Y de la misma manera, el periodo de gracia durante el cual las mismas podrán conservar dicho régimen especial, será de un año calendario, después del cual, las mismas pasarán definitivamente al régimen laboral que corresponda.

Finalmente cabe señalar, dentro del segundo grupo de modificaciones con alcance laboral que esta norma ha traído consigo, el hecho que la misma ha prorrogado por tres años más la vigencia del régimen laboral especial regulado por la Ley N° 28015. Recordemos que ésta última fue el primer instrumento normativo que introdujo un régimen laboral especial temporal aplicable exclusivamente a las microempresas, el mismo que sigue vigente en aquellas empresas constituidas como tales, antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1086 (01 de octubre del 2008), y que, si es que el gobierno no decide nuevamente extenderlo, concluiría el 04 de julio del año 2016.

Con respecto a esto último, cabe señalar que si bien las microempresas referidas en el párrafo anterior, cuentan con tres años más para conservar su régimen laboral especial, pueden durante el mismo, acordar por escrito con sus trabajadores su acogimiento al régimen laboral regulado por el Decreto legislativo N° 1086; claro está siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en el mismo para ser catalogadas como micro o pequeñas empresas (referida al nivel máximo de ventas anuales) y se comunique dicho acuerdo a la autoridad administrativa de trabajo, dentro de los 30 días siguientes de su suscripción.

(*) Abogada por la Universidad de Piura. Montes Delgado – Abogados SAC.