miércoles, 2 de enero de 2019

La tentación populista y el derecho empresarial


Columna “Derecho & Empresa”

EL MUNDO MODERNO, LA TENTACION POPULISTA Y EL DERECHO

Daniel Montes Delgado (*)

La sociedad actual, globalizada, mediática, audiovisual e instantánea, plantea serios retos para la organización de los Estados y la estructuración de sus sistemas de gobierno y de regulación de las conductas de los ciudadanos. Desplazadas las luchas ideológicas sustentadas en el origen del poder a un papel menos relevante, o quizás reemplazadas por otras luchas ideológicas apoyadas en nuevos temas (ambiente, género, igualdad, etc.), aunque igualmente vinculadas al poder y la manera de conseguirlo y ejercerlo, asistimos a un fenómeno interesante pero al mismo tiempo preocupante: el auge del populismo.

Ya no se trata de que el populismo venga de sectores ideológicamente ubicados a la izquierda, aunque en buena parte siga siendo así, al menos en apariencia. Se trata, y seguimos en esto a algunos autores, de que la mayor parte de los gobiernos de los países del mundo, si no todos, van cayendo en la tentación del populismo. Y eso se puede explicar, tentativamente, por la necesidad de parte de las personas o grupos que quieren alcanzar el poder y mantenerlo, de conseguir el favor y la aprobación de muchos grupos o sectores de la población que no tienen, ni quieren tener, el tiempo para esperar a que sus demandas o pretensiones se vean satisfechas. En un mundo en que la aprobación a los gobiernos se mide con encuestas todo el tiempo, en que las redes sociales comunican bien o mal toda clase de informaciones sobre su desempeño y en que el escrutinio de la opinión pública es inmediato e implacable, casi todos los gobiernos terminan cediendo, unos más que otros, a los requerimientos de la población en forma inmediata y mediática.

Es como si los gobiernos también estuvieran afectados por una especie de adicción a los “likes”, de modo que si el gobernante no percibe la aprobación de la sociedad a cada paso que da, entonces se angustia porque siente que pierde poder y sobretodo legitimidad. Así, incluso entre los países más desarrollados, se observa que los gobiernos ceden a las presiones que les empujan a actuar con un sesgo populista, con tal de mantener la “aprobación” de sus pueblos. Y, como decíamos, eso lo vemos no solo en gobiernos de izquierda, sino de derecha, centro y de cualquier parte del espectro político. Se trata de ofrecerlo todo en campaña, para luego moderar lo que se pueda y mientras no nos reclamen lo ofrecido de mala manera, y en el camino, de darse esa exigencia, ceder hasta donde alcance el presupuesto (o la ley) o incluso más allá.

¿Y cómo afecta esto al derecho, sobre todo al derecho empresarial? Pues se traduce primero en una exacerbación de las regulaciones estatales, pues hay que defender a toda clase de minorías y evitar toda clase de abusos reales o potenciales o simplemente imaginados, de parte del propio Estado y de las empresas, en particular, que han quedado en medio de este caos social. En segundo lugar, en una aplicación exagerada de esas mismas normas regulatorias, por parte de organismos estatales que pretenden contentar a las tribunas o aparentar eficiencia en la protección de los ciudadanos; o también puede darse el caso que, al contrario, se relaje la aplicación de las normas y se permita todo, con tal de no volver impopular al gobierno, sea del nivel que sea. Un ejemplo de lo primero es la Ley de Protección de la Economía Familiar, que permite a los padres de familia no pagarle a los colegios donde estudian sus hijos, casi sin consecuencia alguna, y sin que los menores dejen de estudiar (y lo mismo con institutos y universidades). Otro ejemplo de lo segundo es la política del INDECOPI de satanizar a los proveedores de bienes y servicios y exigir una “idoneidad” que va más allá de lo razonable. Y un ejemplo de lo tercero es la inacción de las autoridades para combatir a la informalidad que nos ahoga (informalidad económica, laboral, tributaria, etc.).

Pero además, asistimos a una actividad legislativa de tipo reactiva, en la que se dictan leyes y reglamentos debido a casos mediáticos, sin mayor coherencia dentro del sistema legal ni proporción. Así, se aumentan exageradamente las penas por algunos delitos, por ejemplo. O se establecen regulaciones absurdas o ineficientes, en la creencia de que las mismas podrán solucionar casos como los que se ventilan en los medios. Peor aún, como si esos casos mediáticos fueran la regla, es decir, como si correspondieran a la generalidad de las cosas. Y en medio de todo ello, las empresas, que no pueden ejercer las libertades económicas de las que supuestamente deberían gozar, ni pueden defenderse adecuadamente de imputaciones que se les hacen asumiendo que son culpables de todo y por todo.

¿A dónde nos llevará esa tendencia populista? No podemos saberlo todavía, pero las alternativas no se ven favorables, y nuestra debilidad institucional ayuda mucho a que el futuro se vea más pesimista aun. Algo tiene que cambiar, esperamos, y pronto.

(*) Abogado PUCP; MBA Centrum Católica. Montes Delgado – Abogados SAC.

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