Columna “Derecho & Empresa”
EL
MERCADO LABORAL Y LA POLITICA TIMORATA DEL ESTADO
Daniel
Montes Delgado (*)
El 31 de diciembre de 2018 se publicó la Política
Nacional de Competitividad y Productividad (aprobado por el Decreto Supremo
345-2018-EF), que aspira a regirnos hasta el año 2030, buscando mejorar las condiciones para la “generación
de bienestar para todos los peruanos sobre la base de un crecimiento económico sostenible
con enfoque territorial”; documento elaborado por el Consejo Nacional de
Competitividad y Formalización, entidad perteneciente al Ministerio de Economía
y Finanzas, que además se encargará de su seguimiento. De todo lo que abarca
este plan (nueve objetivos prioritarios) nos interesa destacar ahora el
objetivo número cinco: “crear las condiciones para un mercado laboral dinámico
y competitivo para la generación de empleo digno”, respecto del cual vemos que
se parte de un aceptable diagnóstico, pero luego se pasa a tímidos lineamientos
de política y se termina por aterrizar en indicadores de seguimiento que no
prometen ayudar mucho en este objetivo. Veamos por qué.
El documento parte de la evidencia de que un
mercado laboral como el nuestro, con un pequeño sector formal y un gran sector
informal, afecta negativamente la productividad (pág. 51), para luego pasar a
revisar el marco regulatorio y comprobar que, del reducido sector formal, la
mayoría de empleos se concentra en el régimen general, desaprovechando los
regímenes de micro y pequeña empresa, a pesar de que sus sobrecostos son mucho
menores (pág. 53-56). Y termina señalando lo que ya se sabe: la sobreprotección
contra el despido, promovida desde 2001 por el Tribunal Constitucional y
seguida por otros entes jurisdiccionales, ha causado que se usen más los
contratos a plazo fijo (aunque estos no sirvan mucho de escudo para las empresas)
que los contratos indeterminados, debido a la rigidez impuesta a la
contratación y el despido (pág. 56-57). Y añade que SUNAFIL no está influyendo
positivamente en el cumplimiento de las normas al no enfocarse en el sector
informal, precisamente.
Hasta aquí todo bien, pero se apunta además en el
documento a que una de las causas del deficiente mercado laboral es que el 80%
de los que buscan empleo acuden a canales informales para buscar empleo, y que
los servicios estatales de colocación podrían servir de ayuda en esto, pese a
que reconoce que los existentes no aportan casi nada en este sentido (pág. 58).
Pues bien, al momento de pasar a la definición de los lineamientos
de política, resulta que el primero es “generar y mejorar los mecanismos para
el tránsito de la informalidad a la formalidad en el empleo, con mayor
productividad”, aunque en la parte previa no ha indicado cuáles son esos mecanismos,
por lo que este lineamiento se queda en buena intención pero nada más. El segundo
lineamiento es más de lo mismo: “revisar y adecuar el marco regulatorio y los
servicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral, considerando
el diálogo entre empleadores, trabajadores y gobierno”. ¿Por qué junta la
revisión del marco regulatorio (ya lo dijimos: rigidez laboral) con los
servicios de colocación de empleo del Estado? Pareciera que no tiene sentido,
pero la justificación vendrá enseguida. En cuanto al tercer lineamiento,
promete más pero veremos también que se queda en nada: “mejorar los procesos de
fiscalización del cumplimiento de obligaciones laborales vigentes”.
Como este es un plan, necesita indicadores para
cada línea de acción, a fin de medir el avance. Pues bien, vemos que el
indicador del primer lineamiento es: “número de personas que acceden a los
servicios de promoción del empleo y autoempleo” (pág. 94). Si consideramos que
los servicios de empleo del Estado solo trabajan con ofertas de empleo del
sector formal, no vemos cómo este indicador puede ayudar a monitorear ese “tránsito
a la formalidad”, así que el indicador nos parece irrelevante, más aun si el
impacto de estos servicios es casi nulo ahora y lo seguirá siendo mientras el
mercado siga siendo informal (¿por qué sino se usan más los canales informales
para buscar trabajo? Porque el mercado es informal, eso es obvio).
En cuanto al segundo lineamiento, se propone la “emisión
de normas que incentiven la formalización laboral” (pág. 95) y como indicador
la “variación porcentual anual de los trabajadores asalariados formales”.
¿Dónde se quedó la disminución de la rigidez laboral y los sobrecostos? No se
necesita incentivos para la formalización, más bien se necesita remover ese
gran obstáculo que es la rigidez en la contratación, pero de eso no se dice
nada en esta parte, así que lo más probable es que este indicador no cambie
mucho con esta forma de ver las cosas. Y en cuanto al tercer lineamiento, se
propone como indicador el “porcentaje de órdenes de fiscalización programadas
en las que se cumple la medida de requerimiento, contra el total de órdenes de
fiscalización” (pág. 95). Es decir, la cantidad de veces que los empleadores
corrijan sus prácticas ante una fiscalización laboral. Esto, teniendo en cuenta
el sesgo sancionador de SUNAFIL y algunos criterios exagerados, ya es difícil,
pero ¿dónde es más probable que el empleador no desaparezca ante una orden que
puede sacarlo del mercado por los sobrecostos que implica? Pues claro, en el
sector formal, y si este va a ser el indicador, es lógico que SUNAFIL se
concentre todavía más en el sector formal, pese a que el diagnóstico apuntaba a
lo contrario.
Por último, en un anexo en que se correlaciona
estos lineamientos con otras políticas relacionadas, la claudicación del plan
es peor. Si el tema laboral se conecta con el tributario, las exigencias
regulatorias sectoriales, los requisitos administrativos, seguridad social y
muchos otros más, este plan solo reconoce una vinculación con las “políticas de
eficiencia de la infraestructura de riego en el sector agrario” (pág. 115). ¿Qué
tiene que ver, en lo esencial, una cosa con la otra? Nada y podemos pensar que
se puso cualquier cosa solo por rellenar el espacio en el cuadro.
Lamentablemente, se pierde una oportunidad más de
impulsar verdaderas políticas de transformación del mercado laboral en uno
competitivo y productivo, porque el Estado, o mejor dicho, el gobierno tiene
miedo de tocar los problemas centrales. Diagnostica más o menos bien, pero
receta muy mal. Y con planes como este, al menos en lo laboral, no vamos a ver
mejoría alguna si las entidades encargadas se limitan a cumplirlo. Ojalá no lo
hagan.
(*) Abogado PUCP; MBA Centrum Católica. Montes
Delgado – Abogados SAC.
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