Inspecciones ilegales de fedatarios SUNAT

“VENIMOS A INSPECCIONAR A SU PERSONAL…”

 

Daniel Montes Delgado (*)

 

 

Por regla general, los particulares gozamos de un derecho muy amplio a la libertad: de pensamiento, de acción, de opinión, de movilidad, etc. Este derecho se condensa en lo que el art. 2 de la Constitución señala claramente: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni está impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Por el contrario, los funcionarios estatales, sea cual sea su régimen laboral, por el contrario, y en cuanto a su función, solo pueden hacer aquello para lo cual estén facultados por una norma expresa. Cuando exceden esas facultades, entran en el terreno de la arbitrariedad, y por ende pierden su autoridad como funcionarios.

 

Esto viene a propósito de una tendencia preocupante, por parte de funcionarios de muchas entidades, entre ellas la SUNAT. En el caso que comentamos en esta oportunidad, se trata de un fedatario de Trujillo que se apersona a un local empresarial y, tras identificarse como tal, exige que le permitan el ingreso para efectuar una “inspección laboral”. Para ello se ampara en una facultad contenida en el reglamento del fedatario fiscalizador, referida a la inspección de locales y unidades de transporte pero, claro está, vinculada al control del cumplimiento de obligaciones tributarias, no laborales.

 

Como se sabe, las “inspecciones laborales” son competencia exclusiva de los inspectores de las Direcciones Regionales de Trabajo, conforme a una ley y reglamento sobre dicha materia, por lo que no resulta posible que los fedatarios de SUNAT realicen inspecciones laborales. Aún cuando SUNAT tenga competencia para recaudar y fiscalizar los aportes a ESSALUD y ONP, los aspectos que podría fiscalizar son los relativos a dichas contribuciones, en cuanto a sus aspectos tributarios, pero no respecto de temas estrictamente laborales.

 

Ante la intención manifestada por el propio fedatario, el representante de la empresa no le dejó ingresar al local, por lo cual el fedatario levantó un acta donde consigna la supuesta obstrucción a su trabajo, anotando además literalmente la expresión acerca de que iba a realizar una “inspección laboral”. Como el acta dio lugar a una resolución de multa, la empresa reclamó de la misma por la arbitrariedad manifiesta, que descarta cualquier clase de obstrucción, sino fue más bien el ejercicio de su derecho a oponerse a una exigencia ilegal.

 

Lo peor del caso es que, al resolver el reclamo, SUNAT señala que lo actuado por el fedatario es correcto, y que cuando consignó la expresión “inspección laboral” se refería a una “inspección del personal” en tanto que ese personal sirve para realizar las actividades económicas de la empresa. Esta “traducción” de lo manifestado por el fedatario, resulta aún peor que el original, puesto que el art. 62 del Código Tributario autoriza a inspeccionar “locales”, no “personas”. Esa misma norma indica que, con ocasión de una inspección se puede tomar “declaraciones” a las personas presentes en el local, lo que es muy diferente a “inspeccionar” a esas personas, que alude más bien a una especie de “cateo” para el que los fedatarios no tienen ninguna competencia, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, parece referirse a las personas como si fueran cosas, lo cual es inadmisible por donde se le mire.

 

Cuando las entidades públicas entiendan regularmente que sus facultades son limitadas en defensa de los intereses de los ciudadanos, es decir, de todos los miembros de la sociedad, y que eso no sólo es necesario, sino bueno, habremos avanzado en el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho. Para eso, sin embargo, falta algo de tiempo, por lo visto.

 

(*) Abogado PUCP, MBA Centrum Católica. Montes Delgado – Abogados SAC.