Daniel
Montes Delgado (*)
Hemos asistido, una vez más, al destape de una
aparente red de corrupción de funcionarios públicos, en esta ocasión
precisamente en el Área de Fiscalización del Municipio Provincial de Piura, encargada
de velar porque las regulaciones sobre transporte, funcionamiento de negocios y
construcciones, entre otras, sean respetadas por los vecinos. Ya no sorprende
tanto este tipo de casos, aunque siguen indignando; pero lamentablemente parece
que cada vez nos afectaran menos, como si nuestra sociedad se estuviera
curtiendo moralmente ante estas conductas.
Se ha dicho muchas cosas sobre este y otros casos,
señalando diversas causas de estos males, desde la estructura de las entidades
públicas, que favorecerían el delito al “poner al gato de despensero”, hasta
una pretendida obligación de las máximas autoridades de vigilarlo absolutamente
todo, lo cual es absurdo e impracticable. Sí es correcto separar funciones y
tener doble control sobre ciertos temas, cuando ello es posible. Y los alcaldes
y otras autoridades deben vigilar, a través de otros funcionarios, las
actividades de los órganos de línea, de eso no cabe duda.
Pero, más allá de lo anterior, el problema
principal de la lucha contra la corrupción siguen siendo las personas que
elegimos como autoridades y las que estas últimas designan como funcionarios
públicos. Con lo primero estamos al debe desde hace demasiado tiempo, siendo un
mal generalizado el no contar con buenos candidatos. Y un buen candidato no es
solo una buena persona, sino una que tenga la capacidad y el coraje de afrontar
los problemas, además de la entereza moral para resistir ataques e intentos de
corromperlo. Ser bueno no es garantía de saber o poder hacerlo todo, menos en
política. Y de los candidatos corruptos no hace falta decir nada, son los que
más abundan. Pero eso solo cambiará el día en que un número suficiente de
personas honestas asuma el reto de entrar a las lides electorales con la
intención de hacer una “política basada en valores” y no en demagogia y compra
de voluntades.
Y ya puesta en su cargo la autoridad elegida, debe
ser capaz de designar a sus funcionarios de confianza entre personas probas y
capaces, además de vigilarlas adecuadamente y, llegado el caso de un indicio de
corrupción, tener el valor de prescindir de esas personas si el cuidado del
interés y los bienes públicos así lo amerita. Pero para eso hace falta además
tener independencia y no deber favores a nadie. La ciudad de Piura parece
adolecer de todo lo que mencionamos, por desgracia, pero esa situación ha de
cambiar; depende de nosotros los ciudadanos, que también somos parte del
problema, empezando por cada elección.
(*) Abogado PUCP, MBA Centrum Católica. Montes
Delgado – Abogados SAC.
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