martes, 13 de mayo de 2014

Derechos del consumidor y restricciones a la libre empresa

Columna “Derecho & Empresa”

ESTACIONAMIENTO GRATIS POR MANDATO LEGAL

Daniel Montes Delgado (*)

Entre los muchos proyectos de ley que esperan ser debatidos en el Congreso, que tienen relación con una supuesta defensa de los derechos del consumidor, han cobrado notoriedad dos de ellos que buscan la gratuidad o descuentos importantes en el servicio de estacionamiento dentro de los centros comerciales. Muchas veces, en efecto, este servicio es brindado gratuitamente, lo cual no quiere decir que el costo del mismo no esté incluido en la estructura de costos del centro comercial, que a su turno posiblemente se encargue de que las empresas arrendatarias de las tiendas paguen proporcionalmente por ello, quienes a su vez lo trasladan a sus clientes en los precios. En otros casos, los menos, el centro comercial cobra una tarifa de estacionamiento, con lo cual el cliente decide si acudir allí y si le vale la pena pagar el estacionamiento comparado con lo que piensa gastar en el centro comercial con esa visita. Finalmente, en otros casos, el estacionamiento es gratis solo si hay una compra mínima fijada por el centro comercial.

Si estos mecanismos de mercado funciona bastante bien, ¿por qué se quiere obligar a que el servicio sea expresamente gratuito? La excusa es, una vez más, la defensa de los derechos del consumidor. Por ejemplo, si un proyecto propone que los primeros 45 minutos sean gratis, se nos dice que ello obedece a que es posible que el consumidor solo haya ido a cotejar precios, o que haya acudido a comprar pero no se decidió por nada. Como si el acto de consumo consistiera solo en el aspecto final, de la compra efectiva, cuando es evidente que los centros comerciales no solo venden bienes, sino que se constituyen ahora en lugares de reunión y de esparcimiento por sí mismos.

Otro proyecto pretende fijar el monto de compra mínimo para que el estacionamiento sea gratis, como si el legislador pudiera reemplazar a la empresa privada en la estructuración de sus costos. Se habla además de una aparente posición de dominio, en la medida que si el cliente desea acudir al centro comercial, no tendrá otras cocheras donde dejar su auto lo suficientemente cercanas, estando obligado a pagar lo que el centro comercial le exija. Para empezar, el cliente decide al salir de casa si se va en taxi o en su auto, y entre las consideraciones que puede tener para decidir eso, estará la comparación del costo del estacionamiento versus el costo del taxi, además de temas como seguridad, rapidez, comodidad, etc. ¿Por qué pretender reemplazar estas decisiones por las que le parezcan mejor al legislador?

Por otro lado, estos proyectos buscan limitar en sus libertades a las empresas administradoras de los centros comerciales, pero no podrían aplicarse a otras empresas. Si el centro comercial concesiona su estacionamiento a una empresa especializada en ese rubro, sería absurdo que la ley les imponga una gratuidad que afecta su propia sostenibilidad, porque esa empresa solo puede subsistir en tanto cobre por el servicio, con prescindencia de las razones por las cuales el cliente haya acudido al centro comercial. Lo peor sería que finalmente los proyectos de ley pretendan prohibir a los centros comerciales que concesionen sus estacionamientos.

Y es que esto no es más que una muestra de una tendencia peligrosa, en el sentido de limitar la libertad de empresa, con la excusa de proteger la libertad de los consumidores, pero con el aspecto negativo de que es el legislador quien pretende saber más que el propio consumidor. De paso, afecta las actividades económicas, porque es obvio que estas ideas tendrían el efecto de desincentivar la inversión de los centros comerciales en estacionamientos amplios, limitándose a cumplir con el mínimo exigido por las normas de construcción y municipales, en perjuicio de los mismos consumidores.

Si estas ideas prosperan, ¿qué más puede venir? No nos sorprendamos que se quiera convertir en obligatoria la “canchita” o los “chifles” de cortesía en los restaurantes (porque el cliente tiene derecho a no aburrirse), o los probadores en las tiendas de ropa (porque la decisión de compra no es perfecta si uno no se prueba las prendas primero), o las salsas en los locales de comida rápida (porque el cliente se merece tener la salsa que desee y no solo las que ofrezca el local), o el “wi-fi” (porque estar conectado a internet es un derecho fundamental), entre muchas otras ideas absurdas, que solo entorpecen la actividad económica y nos quitan libertad a todos.

(*) Abogado PUCP, MBA Centrum Católica. Montes Delgado – Abogados SAC.

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