Aplicación del crédito por el Impuesto Temporal a los Activos Netos

Columna “Derecho & Empresa”

LA TRAMPA DEL ITAN

Daniel Montes Delgado (*)

El Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) es el triste heredero del Impuesto Mínimo  a la Renta (IMR), tributo inconstitucional por donde se le mire y que así fue declarado en su oportunidad, pues obligaba a las empresas a tributar sin tener ganancia alguna. Tras sucesivos cambios de nombre (otras dos figuras en esta evolución legal fueron el Anticipo Adicional del Impuesto a la Renta – AAIR, así como el Impuesto Extraordinario a los Activos Netos – IEAN), pero teniendo básicamente la misma mecánica, hoy el ITAN goza de la presunción de constitucionalidad porque en todo caso es un tributo que grava el patrimonio y no las ganancias, eufemismo que la propia ley de este impuesto se encarga de desmentir. En primer lugar, porque los pagos de este impuesto pueden usarse como créditos contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la Renta. Pero esta aplicación no es tan sencilla, como debiera. Veamos por qué.

En efecto, la ley del ITAN señala que los pagos de este impuesto pueden ser usados como crédito contra los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta (IR), y de no ser posible eso, contra el pago anual de este mismo impuesto. Si no fueran posibles ambas cosas, entonces la empresa contribuyente del ITAN no podrá seguir aplicándolo como crédito, sino que en todo caso le queda solamente la opción de la devolución, que debe solicitar a SUNAT. A su turno, la Ley del IR recoge la posibilidad de aplicar los créditos con y sin derecho a devolución, contra los pagos a cuenta y contra el pago anual, pero deja al Reglamento la tarea de fijar el orden en que se han de aplicar.

Pues bien, el Reglamento del IR señala que, tanto en el caso de los pagos a cuenta como en el del pago anual, primero se debe aplicar los créditos sin derecho a devolución (por una cuestión de sentido común, ya que de otro modo se podrían perder definitivamente), luego el saldo a favor del IR (pago en exceso del impuesto proveniente del ejercicio anterior), y deja para el final a los demás créditos con derecho a devolución (entre ellos, básicamente el ITAN). Si hay suficiente impuesto por pagar, el orden de estos créditos no importaría, pero el caso es que no siempre es así.

Veamos un ejemplo. Si la empresa que está obligada a pagar el ITAN ha tenido un mal año anterior, es decir, no ha tenido utilidad o la ha tenido por un monto bajo, entonces sus pagos a cuenta de ese ejercicio anterior habrán superado el impuesto de ese mismo ejercicio, y tendrá un saldo a favor importante para el siguiente. Como no habrá tenido impuesto a pagar, hasta es posible que no haya podido compensar el ITAN, de modo que ya solo podrá pedir la devolución del mismo. Pero además, en el siguiente ejercicio, al tener que aplicar primero el saldo a favor, no podrá compensar el siguiente ITAN, ni contra los pagos a cuenta, ni posiblemente contra el pago anual, a menos que tenga la fortuna de recuperar su rentabilidad de forma importante, lo cual no es seguro. Es decir, de nuevo se quedaría sin la posibilidad de compensar este nuevo ITAN, por lo que otra vez se verá obligada a pedir la devolución.

La diferencia entre el saldo a favor del IR y el crédito por el ITAN, es que el primero no pierde su calidad de crédito compensable en ningún momento, por lo que puede arrastrarse sin límite de ejercicios, bastando con incluirlo siempre en la declaración jurada anual, mientras que el segundo solo puede aplicarse contra los pagos a cuenta o el pago anual del IR del mismo ejercicio en el que se paga el ITAN. En otras palabras, el del ITAN es un crédito más limitado que el saldo a favor. Por eso no tiene sentido que el Reglamento del IR establezca que siempre debe aplicarse primero el saldo a favor, empujando a las empresas a la alternativa de la devolución, que SUNAT sabe siempre genera en las empresas el temor de ser fiscalizadas severamente, por lo que es un riesgo real el tener que afrontar acotaciones muy elevadas, solo por haber pedido una devolución por una suma que puede no ser muy grande. El argumento de que una empresa formal no debiera temer ser fiscalizada, no corresponde a la realidad, cuando sabemos que la administración suele usar criterios arbitrarios y exagerados para establecer deudas cuantiosas. Por eso pensamos que esta sistema de aplicación de los créditos debe cambiar.

(*) Abogado PUCP, MBA Centrum Católica. Montes Delgado – Abogados SAC.