martes, 18 de agosto de 2015

Extorsiones en construcción civil y bancarización de salarios

Columna “Derecho & Empresa”

SOBRE LA BANCARIZACION DE SALARIOS EN CONSTRUCCION CIVIL

Daniel Montes Delgado (*)

La idea del Ejecutivo de obligar a las empresas constructoras a bancarizar los salarios que pagan a sus obreros no es mala, pero peca de simplista y seguramente será poco eficiente para frenar la ola de extorsiones que se sufren en ese sector económico.

Se dice que esta norma asegurará que solo se pague a quienes estén en planilla y realicen verdadero trabajo en las obras, pero eso es relativo. Si bien es cierto hoy día las constructoras que se someten a las extorsiones pagan por determinados “chalecos” u obreros fantasmas a la mano y en efectivo, eso no quita que el día de mañana con la nueva norma los seudo sindicatos  mafiosos obliguen a esas mismas empresas a registrar en planilla a sus compinches o personas de su entorno, que igualmente no harán trabajo alguno, pero estarán en planilla y recibirán el dinero igualmente. Y si nos dijeran que aun así se podrá combatir el delito porque habrá alguien (¿la policía?) vigilando aquellas personas cuyos nombres se repiten en las obras y pudieran ser sospechosas de actuar como vehículos de la extorsión, lo encontraríamos difícil de creer.

Por otro lado, la idea de que esto permitirá realizar auditorías o controles sobre los verdaderos recursos empleados en las obras es absurda. Los empresarios de construcción no necesitan de una norma así para saber cuánto les cuesta el accionar delictivo de los seudo sindicatos, y a los clientes de esas empresas no les importa el asunto, pues no es su problema, al estar incluido ese costo en el presupuesto de la construcción bajo otros rubros. Ninguna empresa de construcción va a sincerarse con este control de modo que deje de cobrar a sus clientes por los mayores costos que le impone la delincuencia, como si tuvieran que asumir ese gasto sin poder trasladarlo a nadie.

Por último, como explica un dirigente sindical: “A cada obrero le obligan a pagar 300 o 500 soles por puesto de trabajo y luego tienen que cancelar 60 soles semanales o les dan tarjetas de polladas en apoyo de sus 'dirigentes' que se encuentran en prisión”. ¿El hecho de que esos trabajadores extorsionados reciban su sueldo por el banco va a impedir que retiren la parte de esos cupos y se los entreguen a los delincuentes? Claro que no.

Esta no es sino otra evidencia de una tendencia perniciosa de nuestros legisladores, que cargan los costos y la responsabilidad de frenar la delincuencia en las propias víctimas antes que en un accionar preventivo y de verdadera labor de inteligencia de la policía y otros entes estatales, por no hablar de la corrupción, pues en no pocos casos estas mafias han conseguido poner de su parte incluso a algunas autoridades. En suma, un ejemplo de cómo no se debe legislar y de cómo se le echa la culpa a otros en lugar de combatir la delincuencia, en nuestra opinión. Porque, como corolario de este absurdo, se pretende multar a las empresas que no bancaricen algún salario, real o ficticio, de sus trabajadores.

(*) Abogado PUCP, MBA Centrum Católica. Montes Delgado – Abogados SAC.

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