Columna “Derecho & Empresa”

 

CÁRMINA BURANA

 

Daniel Montes Delgado (*)

 

“Verdad yace oprimida/ bajo una bola ardiente,

es ya verdad podrida/ por corrupción latente,

mientras reos suplican/ justicia verdadera

y los jueces indican/ una maldad cualquiera.

Las verdades arrastras,/ la verdad ya se vende;

en la Curia hay pilastras/ donde la justicia pende.

Cualquiera la consigue/ por un cuarto de as,

triste suerte persigue/ a todos los demás.”

 

El Cármina Burana es un conjunto de poemas medievales (s. XIII) que reflejan la sociedad de su época, con sus virtudes, defectos, bellezas y fealdades. Como se puede apreciar de esta cita (tomada de la traducción del latín de Carl Orff), en lo tocante a la corrupción, las cosas no han cambiado mucho. Lo grave del caso de nuestro país es que hemos de alguna manera normalizado la “inevitabilidad” de la corrupción, a tal punto que incluso aceptamos sin mayor asombro que las propias leyes sirvan para las malas artes de algunas personas corruptas.

 

Una denuncia penal ingresada al Ministerio Público solo con la intención de causar daño a quien se quiere presionar para que renuncie a sus derechos, por más que pueda ser evidente esa intención, es admitida y tramitada, con un conjunto de medidas que pretende ser una seudo investigación, con plazos que se alargan a más no poder y tomada como oportunidad de exigir prebendas tanto al denunciante malicioso como al denunciado torturado por una imputación calumniosa, con el agravante de la exposición mediática en muchos casos, que de paso sirve para promover la carrera del falso investigador.

 

Una patrulla policial que elabora una trampa para conseguir una falsa captura, operativo o intervención, llevando a prisión a inocentes solo para conseguir ascensos y además extorsionar a los inculpados.

 

Una aplicación mal intencionada de las normas por parte de un fiscalizador municipal, que inventa requisitos para el funcionamiento de un negocio, como exigir licencia de “cochera” a un hotel porque tiene espacios de estacionamiento en el frontis de su local, o inventar una supuesta infracción antigua de dejar material de construcción en la vía pública, para luego cobrar por aplicar la figura de la prescripción o anular la papeleta inventada.

 

Una misma infracción de las normas de protección al consumidor tramitada por numerosos y supuestos denunciantes independientes, pero con la finalidad de que se cobren costos procesales por el mismo abogado, coludido con los funcionarios encargados de fijar esos costos, con el resultado de una exacción ilegal al empresario denunciado, por montos varias veces superior a la multa incluso; o la invención de supuestos defectos de los productos con la misma intención.

 

Los ejemplos anteriores pueden multiplicarse por miles, en casi todos los ámbitos de aplicación del Derecho. Asistimos entonces a un escenario en que no solo debemos soportar la abierta infracción o violación de las normas civiles, administrativas o penales, sino además a una aplicación torcida y corrupta de esas mismas normas. Haciendo un paralelo y salvando las obvias distancias, es como el caso de los extorsionadores de negocios de algunas zonas, que exigen a los negocios cupos para darles a cambio “seguridad”.

 

La extorsión, así como sus derivados y figuras similares se han extendido en nuestra sociedad de manera insostenible. Lo mismo ejercen presiones indebidas los controladores aéreos realizando paros inoportunos y perjudicando a miles de pasajeros, para conseguir más beneficios “extraordinarios” y limitando el ingreso de más personal para justificarlos; que los transportistas que dicen “protestar” por la inseguridad y la delincuencia, pero apelando a las mismas prácticas de dañar bienes privados y públicos, cortando neumáticos y rompiendo vidrios de otros vehículos, para exigir “apoyo” a sus bloqueos de vías y paros.

 

Unido a ello, es generalizada la sempiterna apropiación de bienes ajenos: ocupación indebida de veredas y calzadas, construcción sobre linderos de predios ajenos, invasión de terrenos privados o del Estado, apropiación de zonas de parques y áreas verdes, tráfico de tierras, entre otras muchas prácticas que ya parecen normales de tanto que se ven a diario. Y no digamos de la vulneración de normas elementales de ordenamiento del tráfico vehicular, de las reglas urbanísticas, de la regulación sobre actividades o bienes riesgosos, etc.

 

Como se ve, los riesgos legales para las empresas y personas privadas se han exacerbado y ahora hay que tratar de defenderse de la delincuencia, del Estado y hasta de los vecinos y cualquier persona con quien entremos en relación por cualquier motivo. ¿Qué pueden hacer frente a ello las empresas privadas y las personas que quieren trabajar con tranquilidad y seguridad? Como el Estado es hasta ahora incapaz de poner orden y aplicar debidamente la ley, más bien al contrario, se ha convertido en un agente promotor y protector de la ilegalidad, solo queda defenderse tanto como se pueda por los medios correctos, sin renunciar a la legalidad, mientras esperamos que, hastiada nuestra sociedad de sí misma, vengan verdaderos tiempos de cambio.

 

(*) Abogado PUCP; MBA Centrum Católica.

 

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