Autonomias municipales y sobrecostos

Columna “Derecho & Empresa”

LA MANIA POR LOS REGISTROS Y LAS MULTAS

Daniel Montes Delgado (*)

Hace poco la Municipalidad de Sullana publicó la Ordenanza 0027-2012/MPS, por la cual crea un Registro de Transportistas de Carga en su provincia, como un requisito sin el cual los transportistas de carga terrestre no podrán circular por esa jurisdicción, así como una tabla de infracciones y sanciones, estas últimas sumamente elevadas comparadas con las del Reglamento Nacional de Tránsito.  Esta novedad nos ayuda a ilustrar un problema frecuente en nuestro país: el abuso de la pretendida autonomía municipal y la multiplicación de obligaciones a las empresas formales.

Para empezar, existen varias normas de alcance nacional que regulan el transporte terrestre, tanto el particular como el público, sea de pasajeros, carga, etc. (Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, Ley 27181; Reglamento Nacional de Administración de Transporte, D.S. 017-2009-MTC; Reglamento Nacional de Tránsito, D.S. 016-2009-MTC, entre otras). Existe además ya un Registro Nacional de Transporte Terrestre de Carga, que administra el Ministerio de Transportes.

Pero más allá de todo eso, la Municipalidad de Sullana, como otras en el país, pretende crear para su provincia, un registro especial, donde deben anotarse los transportistas de mercaderías que quieran circular por sus vías. ¿Se imagina si cada municipio provincial hiciera lo mismo, y usted tuviera una empresa de transporte de carga que hace viajes entre Lima y Tumbes?

Lo peor es que el argumento para la ordenanza que comentamos, es que las vías de la ciudad son deterioradas por la circulación de vehículos de carga, por lo que es preciso regular dicha circulación; además del problema de congestión vehicular en algunas zonas. Es evidente que, si una vía no está hecha para soportar el tránsito de camiones, no mejorará porque los camiones tengan una tarjeta nueva con el flamante registro municipal. El camión no se volverá más ligero por contar con el permiso. Con o sin registro, esa vía debe ser o reconstruida, o cerrada al paso de camiones, con la señalización respectiva.

Entonces, lo que debería hacer la municipalidad, es determinar las vías que sí pueden soportar el tránsito de camiones, y las que no, señalizando debidamente todas ellas. Y en los casos en que la congestión sea el problema, establecer horarios, también debidamente publicitados en letreros reguladores. Esto sí lo puede hacer sin interferir con las competencias de las entidades de alcance nacional y sin complicarle sus actividades a las empresas formales de transporte de carga. En ese caso, bastará con multar a los camiones que infrinjan la señalización, precisamente por no obedecer las señales de tránsito, que es una infracción ya prevista en las normas nacionales.

Lo más grave es que las nuevas infracciones establecidas por la ordenanza en cuestión repiten mayormente las que ya están fijadas en el reglamento nacional de tránsito (solo un ejemplo: transportar carga sin los implementos de seguridad), por lo que se daría el absurdo de poder ser multado dos veces por una misma infracción. O, interpretando la intención del municipio, solo una vez, con la multa de Sullana obviamente, porque es diez veces más alta. Esto no tiene sentido y es, por donde se le mire, ilegal y hasta inconstitucional. No solo no se respetan las competencias de los niveles de gobierno, sino que se duplican requisitos, permisos, trámites, costos y hasta sanciones.

Lamentablemente, es una tendencia a nivel municipal, y hasta se puede decir de gobiernos regionales también, por lo que hay que ponerle freno o hacer empresa en el Perú se volverá todavía más difícil de lo que ya es. La imperiosa necesidad de ser competitivos nos obliga a ello.

(*) Abogado PUCP, MBA Centrum Católica. Montes Delgado – Abogados SAC.