JUSTICIA
PRIVADA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA
Daniel
Montes Delgado (*)
¿Qué le parece la idea de que, cuando usted se vaya
a juicio para reclamar algún derecho que cree conculcado o amenazado, se
encuentre con que el juez recibe su sueldo, los medios y el personal de apoyo,
enteramente de la otra parte a la que usted se enfrenta? “Imparcialidad” no
debe ser la palabra que primero asome a su mente, con bastante seguridad. Pues bien, eso es lo que, con un velo de
formalidad, legalismo y supuesta transparencia, viene ocurriendo en el ámbito
tributario desde hace algunos años.
Primero ocurrió con el Tribunal Fiscal, el cual
desde hace ya catorce años, se financia con un porcentaje de lo que recauda la
SUNAT. La historia empezó en el gobierno transitorio de Paniagua, que emitió el
Decreto de Urgencia 112-2000, con la finalidad de reorganizar el tribunal tras
la década fujimontesinista, para cuyo financiamiento se recurrió a esta figura
de tomar un porcentaje de los ingresos de SUNAT. Lo curioso es que, a partir de
ese año, religiosamente, todas las Leyes de Equilibrio Presupuestal nos repiten
que la urgencia continúa y que por ende debe seguir usándose este sistema de
financiamiento que vincula dos cosas que no deberían estar así ligadas: la
recaudación del ente administrador (SUNAT) y el presupuesto del ente encargado
de revisar su trabajo (Tribunal Fiscal). Es decir, a menos que pensemos todo al
revés, la lógica es elemental: si el Tribunal Fiscal se siente más proclive a
resolver los casos de reclamos a favor de SUNAT, su propio presupuesto se ve
incrementado, con lo cual dispondrá de más recursos, que nunca le vienen
sobrando, por supuesto, dada su eterna sobrecarga procesal. Más o menos lo
mismo que pasaba con los policías de tránsito que recibían un bono por cada
papeleta impuesta.
De otro lado, una tendencia paralela ha hecho que
no pocos vocales del Tribunal Fiscal provengan de las oficinas de SUNAT, a la
cual renuncian por supuesto apenas son designados, pero cuyos pronunciamientos
en ocasiones dan la impresión de no ser vocales muy independientes que digamos,
sino casi parecen ser trabajadores destacados de SUNAT en el citado tribunal.
No es que no sean técnicos en su trabajo, pero el caso es que parecen ver los
asuntos a resolver con la misma óptica recaudadora de su anterior empleador, lo
cual no ayuda ni a la seguridad jurídica ni a la justicia en estos temas.
Lo peor vino después, desde el año pasado, cuando
se concretó la idea de crear juzgados contencioso administrativos en Lima, exclusivamente
para conocer de causas relacionadas con los temas tributarios. Como idea no es
mala, es más, hacía tiempo que se reclamaba hubiera jueces con esa
especialidad. Lo malo es que el financiamiento de la infraestructura,
equipamiento, capacitación y hasta remuneraciones de estos jueces y personal de
apoyo, está a cargo de SUNAT. ¿El resultado? Curiosamente, una sobrecarga
procesal de nuevo, porque además se ha concentrado todos los casos de
cuestionamiento de las decisiones del Tribunal Fiscal en Lima, que es la única ciudad
donde SUNAT acepta litigar, pero también porque ahora SUNAT presenta muchas más
demandas contra las decisiones del Tribunal Fiscal, cuando no le son de su agrado,
pese a lo que ya apuntamos líneas arriba.
Tanto así que desde estos mismos despachos
judiciales ha salido la idea de que los casos de tributación municipal debieran
conocerlos los juzgados de provincias o los juzgados de paz de Lima, según su
procedencia, para ellos concentrarse solo en los casos de SUNAT. Curiosa
prioridad que no parece desligada de la peculiar situación de conocer muy bien
quién es el que paga los sueldos de estos órganos jurisdiccionales.
En suma, que esto no es justicia tributaria, como
nunca podría serlo una justicia, en el campo que fuera, cuyas decisiones se
puedan ver influenciadas, más allá de loables casos de excelencia académica e
independencia de criterio, por la cuestión muy prosaica pero importante de
saber de dónde viene el dinero para la existencia misma de los órganos
encargados de resolver los conflictos. Como si en un presupuesto de 130 mil
millones de soles no hubiera espacio para cubrir las necesidades del Tribunal
Fiscal y de los despachos judiciales especializados, sin necesidad de decirles entre
líneas a vocales y jueces que su sueldo puede depender de qué tan amables sean
con el que pone el dinero.
(*) Abogado PUCP, MBA Centrum Católica. Montes
Delgado – Abogados SAC.
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