Columna “Derecho & Empresa”

 

LINEAMIENTOS DEL MIDAGRI PARA DESENTENDERSE DEL REINTEGRO DEL IGV AGRARIO

 

Daniel Montes Delgado (*)

 

El Ministerio de Agricultura y Riego ha publicado la Resolución Ministerial N° D000478-2026-MIDAGRI-DM y su Anexo, que contiene los Lineamientos para la Atención de las Solicitudes del Reintegro Tributario del IGV del Régimen Agrario, a favor de los pequeños productores agrarios y empresas agrarias, que produzcan bienes comprendidos en el Apéndice I de la ley del impuesto, conforme a lo que dispone la Ley del Régimen Agrario N° 32434 (art. 15).

 

Como se ha comentado desde que se emitió el Decreto Supremo N° 015-2026-EF, reglamento de la Ley 32434, al parecer SUNAT logró convencer al MEF de pasarle el problema de la verificación de la utilización de los bienes y servicios en la actividad agraria de los solicitantes, al MIDAGRI, cuando es claro que lo lógico, conforme al texto de la ley, sería que SUNAT se encargue de ello, dada la especialidad del tema y las facultades de fiscalización de esta entidad. En suma, un presente griego que se le hizo al MIDAGRI, que por supuesto se ha tomado casi un año para decidir qué puede hacer con este problema.

 

Y, como era previsible, se ha optado por lo más fácil. Esto es, diseñar un procedimiento basado en la presunción de veracidad y de aprobación casi automática, que pone en el solicitante la obligación de presentar una memoria descriptiva de su actividad y la utilización de los bienes, servicios y contratos de construcción gravados con IGV. Aunque los lineamientos indican (acápite 8.7) que la aplicación del principio de presunción de veracidad se deriva de lo que dispone el art. 16.1 del reglamento de la Ley 32434, lo cierto es que esta última norma dice algo muy distinto: que el MIDAGRI no debe limitarse a la revisión documentaria, sino también utilizar otros mecanismos de control.

 

De todos modos, establecida como regla general la presunción de veracidad, ya solo queda como algo excepcional el uso de otras acciones de verificación y contraste técnico mediante requerimientos adicionales o contrastación con plataformas del sector agricultura. Probablemente, con esa lógica, esto último será, en efecto, excepcional; además de estar limitado a dos cosas: a) verificar la existencia del cultivo o crianza, y b) la coherencia entre la cantidad de bienes y servicios utilizados con la escala productiva. En suma, es muy probable que el MIDAGRI se lave las manos emitiendo el informe para SUNAT sobre la base de lo declarado por el solicitante (incluyendo la evidencia fotográfica o audiovisual, señala el documento, como algo obligatorio).

 

Como también ya se ha comentado, no está previsto que SUNAT pueda rechazar el informe del MIDAGRI por parecer insuficiente en relación con la documentación presentada. Lo único previsto es un control posterior al reintegro, referido al cumplimiento de requisitos o en caso de operaciones no reales, es decir, no existente o falsa; con una obligación de restituir lo devuelto. Seguramente, este control se concentrará en las empresas agrarias de cierta importancia, por supuesto, antes que en los pequeños agricultores.

 

Por último, sí cabe señalar algo que, más adelante, puede suscitar problemas o discusiones legales. Y es que los lineamientos indican (literal C del acápite 7.1.2) que los bienes, servicios y contratos de construcción deben sustentarse respecto de su “relación directa, necesaria e indispensable para la producción del bien”. Lo de “necesaria” podría considerarse en línea con el requisito de la “necesidad” o causalidad que se exige en la Ley del IGV (capítulo VI) al remitirse a la Ley del Impuesto a la Renta para admitir un costo o gasto. La Ley 32434, como sabemos, exige lo mismo mediante la remisión a ese capítulo VI del IGV.

 

Pero, ya que la causalidad de costos y gastos es un concepto amplio, lo de “directa” e “indispensable” parece una exigencia que va más allá de lo que señala la ley, y aunque no creemos que el MIDAGRI se ponga a revisar esas distinciones para emitir su informe, no extrañaría que SUNAT, como otras veces, quiera ver en esto un filón más adelante para discutir si el reintegro se solicitó debidamente o no. Puede ser que el MIDAGRI solo haya querido parecer estricto, dado que en realidad no pretende involucrarse mucho en el tema, pero no es conveniente que cosas como esa queden como bombas de tiempo, de las que ya conocemos muchas historias.

 

(*) Abogado PUCP; MBA Centrum Católica.

 

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Columna “Derecho & Empresa”

 

PROBLEMAS CON LA DEPRECIACION ACELERADA DE BIENES PRODUCTIVOS EN LEASING

 

Daniel Montes Delgado (*)

 

SUNAT está haciendo una aplicación extensiva de un criterio errado en cuanto a la depreciación acelerada deducida por empresas productivas, derivada de contratos de arrendamiento financiero (leasing); criterio al que el Tribunal Fiscal le ha dado respaldo sin tomar en cuenta la correcta interpretación de las normas y el sentido real del beneficio tributario. Así, esta clase de reparo se presenta como una supuesta aplicación del art. 20 de la Ley del Impuesto a la Renta (sobre costo computable), cuando en realidad no lo es.

 

Tomemos como ejemplo el caso de una empresa que realizó una deducción como resultado de la diferencia entre la depreciación contable de los bienes en arrendamiento financiero, y el total de la depreciación tributaria de esos mismos bienes, considerando las tasas derivadas de los plazos de cada contrato, en aplicación de las normas tributarias del Decreto Legislativo 299.

 

SUNAT, en la fiscalización, sostiene que, al corresponder a activos depreciados con destino al costo de producción, “se verifica que parte de la producción generada con los bienes en arrendamiento financiero permanecía en los saldos o inventarios finales al cierre del ejercicio (productos terminados, productos en proceso y activos biológicos que proviene de la producción del ejercicio), sin haber sido enajenada o dada de baja; por lo cual no resulta deducible en su integridad la totalidad de la depreciación acelerada, en relación con aquellos bienes del activo fijo que, si bien estaban destinados al proceso productivo, generaron producción que permanecía en los saldos o inventarios finales, esto es que dicha depreciación acelerada debió forma parte del costo computable de los bienes producidos, y solo puede deducirse en la medida que tales bien(sic) hayan sido enajenados o dados de baja”.

 

Esta posición de SUNAT, a primera vista, parece tener asidero, pero solo si fuera cierto que el tratamiento de la depreciación contable debe condicionar y arrastrar a su lógica y forma de registro contable a la depreciación acelerada que dispone la norma tributaria excepcional que establece el beneficio tributario de depreciación acelerada. Pero eso no es cierto.

 

SUNAT interpreta que, conforme al primer párrafo del artículo 18 del Decreto Legislativo 299, cuando este señala que “la depreciación se efectuará conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto a la Renta”, quiere decir que solo cambia la tasa de depreciación máxima por año (por ejemplo, de 10% a 20%). Pero eso no se condice con la exigencia de la ley del Impuesto a la Renta y su reglamento, cuando señalan que la depreciación debe estar registrada contablemente para poder ser deducida. Y es que, la depreciación acelerada implica diferencias temporales para efectos del impuesto, que harán que la empresa tenga una deducción adicional (vía DJ) en los primeros años de la vida útil del bien y una adición en los demás años, puesto que no hay una mayor depreciación total, sino únicamente un adelanto de la misma, el que luego debe “devolverse”. Asumir como cierto que la depreciación acelerada debe ser la registrada contablemente supone que también deberíamos cambiar la vida útil del bien y no solo la tasa de depreciación, con lo cual se perdería ese control de las diferencias temporales.

 

Y no es el único efecto contrario al propósito de la norma, puesto que la empresa necesita poder medir el impacto de la depreciación acelerada en sus resultados, con independencia de los que se derivan de la depreciación normal, para efectos de fijación de precios, análisis de costos y demás efectos económico-financieros.

 

Todo lo anterior es lo que corresponde a un beneficio tributario como el del DL 299, que no sujeta obligatoriamente esa mayor depreciación permitida a un tratamiento contable igual al de la depreciación normal. Así, cuando se remite a la regulación del Impuesto a la Renta, lo hace en el primer párrafo del artículo 18 del DL 299 para que, conforme a dichas normas, la depreciación se calcule en forma lineal y conforme a los plazos de vida útil que fija el reglamento; es decir, el tratamiento normal de la depreciación, porque el beneficio es voluntario: si el contribuyente lo decide lo toma, pero si no lo desea, deja sin usar la depreciación acelerada.

 

Como bien reconoce SUNAT en sus mismos requerimientos de reparos de este tipo, la “excepción” del beneficio tributario de depreciación acelerada está en el segundo párrafo de ese art. 18 del DL 299, que solo requiere que la depreciación se aplique en forma lineal con el plazo del contrato de arrendamiento financiero y que los bienes se utilicen en "el desarrollo de su actividad empresarial”. Es por ello que la mayor depreciación acelerada no se distribuye entre todos los costos de producción ni se queda una parte en los saldos de productos en proceso.

 

Esta diferencia de tratamiento se aprecia claramente en el artículo 8 del Decreto Legislativo 915, que precisó los alcances del artículo 18 del DL 299, puesto que, a propósito de una eventual modificación del plazo del contrato de arrendamiento financiero, distingue entre el tratamiento conforme a la ley del impuesto del primer párrafo del art. 18 y el tratamiento especial del segundo párrafo, que ya no corresponde a las reglas generales.

 

Es por ello que, cuando SUNAT pretende usar la frase del primer párrafo del art. 18 referida a las reglas de la depreciación conforme a la ley del impuesto, como si todos los aspectos de la depreciación acelerada debieran regirse por ellas, se equivoca. Por supuesto, hay aquí además un aspecto de aplicación de la norma especial versus la norma general, que SUNAT no está considerando; puesto que las normas del DL 299 y del DL 915 son las verdaderamente aplicables a la depreciación acelerada.

 

Por último, aunque SUNAT cita la RTF 07561-11-2025 (y sus antecedentes, como la RTF 08877-2-2019), de la cual ha copiado íntegramente su argumento, lo cierto es que dicha jurisprudencia no es de observancia obligatoria; además de que no es aplicable por todo lo anteriormente explicado en cuanto a lo errado de su análisis, que deja de lado el objetivo del DL 299 de promover la inversión, sin sujetarla a las eventualidades de las ventas subsiguientes.

 

Sin perjuicio de todo lo anterior, SUNAT, igual que la RTF 07561-11-2025, incurre en la aplicación de una presunción que no tiene base legal alguna y que por tanto resulta nula, puesto que realiza un ejercicio de regla de tres simple: traslada la proporción de los saldos de inventarios respecto del total de costo de producción (por ejemplo, 16%) al total de la depreciación acelerada de los bienes en arrendamiento financiero.

 

Ese ejercicio, que en la RTF 07561-11-2025 sigue siendo ilegal, pero que tendría cierto sentido ya que se trataba en ese caso de una empresa “mono-productiva”, no puede trasladarse a una empresa que tenga una gran variedad de saldos de inventario, debido a que tenga varias líneas de productos diferentes, productos intermedios, etc. Y, asimismo, que tenga una gran variedad de bienes adquiridos en arrendamiento financiero: maquinarias, equipos, obras civiles, vehículos, sistemas de producción, sub estaciones eléctricas, grupos electrógenos, equipos de climatización y muchos otros más; todos ellos con tasas entre 5%, 10% o 20% y con diferente participación en los costos de producción y la determinación de los saldos de inventario. SUNAT no puede igualar a todos esos bienes con una sola proporción de su participación en dichos saldos, sino es a través de una presunción, pero que resulta ilegal por no tener ninguna norma tributaria que la respalde.

 

Así, la supuesta aplicación extensiva del art. 20 de la Ley del Impuesto a la Renta a que se refiere el requerimiento, partiendo de su errada lectura del primer párrafo del art. 18 del DL 299, no es procedente y el reparo debe ser dejado de lado.

 

(*) Abogado PUCP; MBA Centrum Católica.

 

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Columna “Derecho & Empresa”

 

ESQUELAS DE SUNAT POR COMPRA DE VEHICULOS NO ADMITIDOS

 

Daniel Montes Delgado (*)

 

Como sabemos, el literal w) del art. 37 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) y el literal r) del art. 21 de su Reglamento (RLIR) limitan la deducción de gastos por la adquisición u otras formas de disposición de vehículos cuyo valor exceda de 26 UIT, si se destinan a actividades de dirección, administración o representación de la empresa; lo que implica además que no se pueda usar el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas por dicha adquisición, conforme al literal a) del art. 18 de la ley de este otro impuesto (LIGV).

 

Recientemente, SUNAT está enviando esquelas de citación a varias empresas, acusando una inconsistencia, puesto que ha verificado las ventas de vehículos por parte de las empresas distribuidoras hacia otras empresas, cuyo valor haya superado el límite, por ejemplo, en el año 2022; por lo que señala tres cosas: i) que debe reintegrarse el crédito fiscal del IGV del mes en que se realizó la compra del vehículo, ii) que los gastos asociados al vehículo, como depreciación, reparación, mantenimiento, combustible y otros, suponen gastos no deducibles para la LIR, y iii) que, “de corresponder”, todo lo anterior podría considerarse como un dividendo presunto conforme a lo que dispone el literal g) del art. 24-A de la LIR y el numeral 5 del art. 13-B del RLIR.

 

De manera general, salvo que la empresa pueda demostrar que el vehículo se usa para actividades operativas (ventas, transporte, logística, producción, etc.), SUNAT tendría razón en los dos primeros puntos de su esquela, pero no necesariamente en el tercero.

 

Pero, volviendo todavía a esos dos primeros puntos de las esquelas, puede ocurrir que, en efecto, la empresa contribuyente haya usado el crédito fiscal del IGV y deducido los gastos asociados, porque en verdad utiliza el vehículo en las actividades de la empresa vinculados a labores de dirección, administración y/o representación, pero requiere para ello vehículos más caros; por ejemplo, si se trata del uso para trasladar a los directivos de forma segura ante la situación de delincuencia descontrolada que vivimos en el país, ya que los secuestros y extorsiones se han vuelto muy comunes. ¿Puede considerarse ese uso como uno distinto a los de dirección, administración y/o representación, pero que califique como deducible? Por experiencias previas de fiscalizaciones de SUNAT, es muy seguro que esta entidad no admitiría esta posibilidad, alegando que la norma no admite excepciones, o que el uso como transporte de seguridad personal no es una actividad operativa de la empresa. Por tanto, las empresas que hayan optado por ese uso y usado el crédito fiscal del IGV y los gastos para el IR, tendrían que soportar el reparo por esta contingencia. Sin embargo, podemos considerar esto al menos este ejemplo como discutible.

 

Ahora bien, sobre el tercer punto, referido al dividendo presunto, eso no puede ser automático. La norma al respecto exige que se trate de una entrega en especie que “signifique una disposición indirecta de dicha renta no susceptible de posterior control tributario”. Si la empresa que adquirió el vehículo no admitido por tener un valor que excede el límite puede acreditar que le ha dado un uso relacionado con sus actividades y no un uso personal del socio o titular de la empresa, no se cumpliría el requisito de la norma. Esto, nos parece, incluso aplica tratándose de actividades de dirección, administración o representación, incluyendo el ejemplo anterior del uso relacionado al uso como elemento de seguridad personal de los directivos de la empresa, que al mismo tiempo pudieran tener la calidad de socios o titulares.

 

Como se sabe, toda presunción debe partir de un hecho conocido, del cual se pueda inferir el hecho presunto. A eso se refiere el término “signifique” de la LIR en relación a esa imposibilidad de un posterior control tributario. Por ejemplo, si la empresa adquiere un vehículo y este solo es usado por un socio o persona vinculada a un socio y en otra ciudad donde no hay actividad alguna de la empresa, podríamos estar ante un caso sujeto al dividendo presunto.

 

Ya sabemos que SUNAT suele asociar muchos gastos no deducibles a la figura del dividendo presunto, pero en este caso de las esquelas en comentario, parece estar adelantándose de nuevo.

 

(*) Abogado PUCP; MBA Centrum Católica.

 

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Columna “Derecho & Empresa”

 

¿DEBERIAN REGULARSE LAS “VISITAS DE CAMPO” DE SUNAT?

 

Daniel Montes Delgado (*)

 

Antes de la pandemia, las auditorías de SUNAT solían realizarse presencialmente en el domicilio fiscal del contribuyente (aunque por esas épocas ya empezaban a usarse las acciones inductivas como seudo fiscalizaciones, haciendo comparecer a las empresas con toda su contabilidad). Siendo así el desarrollo de las verdaderas auditorías, era usual que, estando el auditor en las oficinas de la empresa, pudiera preguntar detalles o pedir explicaciones sobre procesos operativos o políticas contables al personal del contribuyente que lo atendía.

 

Hoy en día, salvo excepciones, las auditorías de SUNAT son virtuales, con los serios problemas, ya comentado en otras columnas, que eso acarrea desde el punto de vista de las abrumadoras exigencias de presentación de documentos e información en formatos de difícil revisión (estamos seguros que al menos el 50% de lo que pide SUNAT ni siquiera es revisado por sus auditores). Por tanto, la inmediatez para la aclaración sobre determinadas políticas contables, formas de registro de asientos, manejo de documentos fuente y otros aspectos, se ha perdido; con el agravante de que no pocas veces el auditor no conoce el sector económico del contribuyente ni su operatividad.

 

Pero, ingeniosa como siempre, SUNAT ha formalizado (a medias) sus llamadas “visitas de campo”, las que programa y notifica a la empresa contribuyente, “a fin de conocer el desarrollo de los procesos y las actividades que ejecuta para llevar a cabo la producción y/o comercialización de bienes y/o prestación de servicios que realiza”.

 

Y, para ello, usa como excusa la obligación del contribuyente a que hace referencia el numeral 5 del art. 87 del Código Tributario: “Permitir el control por la Administración Tributaria, así como presentar o exhibir, en las oficinas fiscales o ante los funcionarios autorizados, según señale la Administración, las declaraciones, informes, libros de actas, registros y libros contables y demás documentos relacionados con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, en la forma, plazos y condiciones que le sean requeridos, así como formular las aclaraciones que le sean solicitadas (…)”.

 

Pero, la verdad es que las visitas de SUNAT no están reguladas expresamente en el Código Tributario, mucho menos en esa norma, que en realidad es el correlato del numeral 1 del art. 62 del CT, norma que por otro lado no se ocupa de esas “visitas”, que por tanto no se encuentran expresamente señaladas entre las facultades de fiscalización. Lo que sí está normado es la "inspección" de los establecimientos del contribuyente, que es algo distinto y sirve para constatar situaciones de hecho. Asimismo, está regulada la "comparecencia" en las oficinas de SUNAT para brindar declaraciones sobre hechos de importancia tributaria, pero eso tampoco equivale a una visita indagatoria.

 

Por tanto, la base legal citada en las cartas de SUNAT para estas "visitas", no es correcta. Pese a ello, en la medida que los auditores de SUNAT que realicen la visita no incurran en ninguna arbitrariedad, se les puede atender, pero solo en el domicilio fiscal y/o los establecimientos anexos que la autoridad hay indicado en su carta.

 

En ese sentido, atendiendo a la casuística que hemos conocido últimamente, podemos señalar que lo que no pueden hacer los auditores de SUNAT sería:

• Requerir la exhibición de documentos "en el acto" y pretender acusar un incumplimiento. Recordemos que el ejercicio fiscalizado siempre es uno alejado en el tiempo, de modo que hay necesidad de desarchivar cualquier documento.
• Tomar declaraciones a los funcionarios de la empresa como si fuera una "comparecencia" y pretender levantar un acta de ello. Las comparecencias se citan por escrito y con la debida anticipación (no menos de 5 días).
• Realizar inventarios. Eso supone notificación previa.
• Solicitar la entrega de libros, registros u otros documentos contables para llevárselos.
• Requerir entrega de copias de documentos en el acto.
• Exigir la presencia del representante legal durante la visita.
• Exigir acceso libre al sistema informático de la empresa, ni exigir copias de bases de datos.

 

La visita solo debe consistir en una presentación de la forma en que se desarrollan los procesos productivos de la empresa; que, a fin de cuentas, esa es la finalidad que indica la carta.

 

Finalmente, si los auditores levantan un acta de la visita (no siempre lo hacen), debe cuidarse que no se coloque en ella nada que no corresponda al ejercicio fiscalizado; porque, por ejemplo, un proceso productivo o un registro contable puede haber variado en sus formas desde el ejercicio fiscalizado a la actualidad. En todo caso, cabe exigir que se consigne el dicho de la empresa sobre cualquier imprecisión que se detecte en el acta.

 

(*) Abogado PUCP; MBA Centrum Católica.

 

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Columna “Derecho & Empresa”

 

¿HAY DELITO TRIBUTARIO POR DIFERENCIAS EN EL IMPUESTO PREDIAL?

 

Daniel Montes Delgado (*)

 

Una municipalidad distrital del departamento de La Libertad está realizando supuestas acciones de fiscalización que no se ajustan a lo que pueda entenderse como un debido procedimiento, acusando omisiones en las declaraciones del Impuesto Predial que, por una exageración intencional del municipio, le permite no solo acusar una infracción de declarar cifras o datos falsos, sino además amenazar con una denuncia penal por delito tributario a los contribuyentes aparentemente incumplidos. Veamos por qué este es un error temerario.

 

El municipio empieza esta práctica señalando en un requerimiento que el contribuyente no ha declarado determinadas construcciones, que fueron materia de declaratorias de fábrica en años anteriores, como si el municipio no hubiera participado en esos procedimientos y, como si su área de catastro no hubiera tenido la responsabilidad de adecuar su base de datos y, por tanto, la de adecuar los autovalúos del contribuyente. Por si fuera poco, el municipio exige que s ele presente documentos que ya tiene, como las propias declaraciones de autovalúo, las partidas registrales y planos de las propiedades; sin realizar una inspección física, que es lo que en realidad debería llevar a cabo si quiere comprobar la conformidad de las declaraciones con la realidad material.

 

Ante esto, los contribuyentes pueden exigir varias cosas: a) que se tenga por presentada, o carente de sentido exigir la presentación de información que ya tiene la municipalidad en sus archivos, como son, por ejemplo, las declaraciones juradas de cada año; b) se disponga una evaluación técnica de las edificaciones e instalaciones, puesto que lo correcto es que el municipio sustente las observaciones que pudiera tener a lo declarado por el contribuyente y no imputar supuestas diferencias sin precisarlas, exigiendo que se defienda de lo que no sabe en qué consiste, especialmente cuando el municipio ni siquiera ha revisado su propio catastro, porque hace afirmaciones incorrectas en base a datos antiguos, lo cual es absurdo; y c) sin perjuicio de los anteriores, se otorgue un plazo adicional razonable y suficientemente extenso para cumplir en todo caso con puntos como la presentación de planos y otros, que requieren la contratación y elaboración por parte de técnicos o profesionales especializados.

 

Hasta aquí, la imputación de haber declarado cifras o datos falsos tampoco resulta atendible, puesto que la administración municipal sostiene que el contribuyente omitió declarar determinadas edificaciones; sin embargo, dicha afirmación desconoce los propios antecedentes administrativos que obran en su poder.

 

En esa misma línea, carece igualmente de sustento el sostener que existirían indicios de la comisión del delito de defraudación tributaria previsto en el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 813 y que correspondería poner tales hechos en conocimiento del Ministerio Público. Dicha afirmación resulta manifiestamente inválida, pues el tipo penal exige la existencia de una conducta dolosa consistente en emplear artificios, engaños, astucia u otra maniobra fraudulenta destinada a inducir en error a la Administración Tributaria con la finalidad de dejar de pagar total o parcialmente los tributos. Ninguno de dichos elementos concurre en estos casos, puesto que la Municipalidad conocía desde antiguo las edificaciones existentes en los inmuebles materia de fiscalización (si alega precisamente las declaratorias de fábrica), circunstancia que excluye cualquier posibilidad de sostener la existencia de ocultamiento doloso o de una maniobra fraudulenta dirigida a inducir en error a la Administración.

 

Lejos de amenazar al contribuyente con denuncias penales temerarias, lo que en su momento debería hacer el municipio, tras subsanar primero los vicios del procedimiento, es emitir las resoluciones de determinación que pudieran corresponder, respetando el derecho del contribuyente a discutirlas en el procedimiento contencioso tributario, conforme a ley.

 

(*) Abogado PUCP; MBA Centrum Católica.

 

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Columna “Derecho & Empresa”

 

¿LOS LIBROS SOCIETARIOS CAUSAN INFRACCIONES TRIBUTARIAS?

 

Daniel Montes Delgado (*)

 

Últimamente, SUNAT está notificando esquelas de citación a empresas constituidas como sociedades (anónimas, comerciales de responsabilidad limitada, civiles, etc.), respecto de supuestas inconsistencias en el crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV) de determinados períodos; cartas que indican en su anexo que se presente o exhiba determinados elementos de información “en lo que resulte aplicable”, para sustentar la conformidad del crédito. Y, dentro de ese listado, indica al final los libros de actas de juntas de accionistas, de sesiones de directorio y matrícula de acciones.

 

En la mayoría de casos, las esquelas cuestionan determinadas operaciones de compras de bienes y servicios que son recurrentes o usuales respecto de la actividad económica de la empresa contribuyente, por lo que no resulta “aplicable” el tener que presentar los libros societarios para sustentar el crédito fiscal por esas facturas; por lo que algunos contribuyentes lo hacen y otros no. ¿Puede SUNAT emitir una multa por no presentar lo requerido (num. 1 art. 177 Código Tributario)?

 

Consideramos que la respuesta es negativa, porque la fórmula del anexo de la esquela deja en el lado del contribuyente decidir si algo de lo solicitado es aplicable o no, con lo que no es una exigencia indubitable. La solicitud de la que trata la tipificación de la infracción en la norma del código no debe dejar lugar a duda alguna sobre la obligatoriedad del requerimiento. Esto es similar a los requerimientos de fiscalización en que SUNAT formula un reparo y solicita que se presente determinados elementos y los demás que el contribuyente considere pertinente. Aun así, encontramos que algunos verificadores de SUNAT amenazan a los contribuyentes con una multa por no llevar esos libros societarios a la citación, ante lo cual algunos contribuyentes acceden a llevarlos en una segunda fecha. Pero, valgan verdades, al menos desde nuestra experiencia, no hemos conocido de una multa emitida por esa supuesta infracción, siempre que se haya señalado por escrito, como indica el anexo, que no resulta aplicable llevar los libros societarios.

 

Por otro lado, algunos comentarios publicados por terceros recogen algo que otros verificadores de SUNAT señalan a veces, esto es, ante la presentación del libro de actas de la sociedad; por ejemplo, señalan un supuesto “atraso” porque no figuran allí las actas de junta de socios que aprueben los estados financieros de cada ejercicio, insinuando la posibilidad de una multa (num. 5 art. 175 Código Tributario). Pero, no existe tal cosa, porque ese numeral señala claramente que esa infracción solo puede referirse a los libros o registros “que se vinculen con la tributación”, lo que no es el caso de los libros societarios. Y, aunque el hecho de no constar en actas la aprobación de estados financieros pudiera traer el riesgo de alguna clase de responsabilidad a los administradores de la sociedad (directores y/o gerente), ello no tiene implicancia en el tema tributario.

 

Cosa distinta es que pueda ser conveniente, hablando de fiscalizaciones, tener algunos hechos con implicancias tributarias documentados en actas de la sociedad, como decisiones de inversión o financiamiento; pero incluso esto es opcional y obedece más bien a ese prurito de SUNAT de tener listados interminables de supuestos requisitos para sustentar reparos, con lo cual a veces acusa como falta de sustento el no tener tales actas, cuando en realidad ni siquiera es necesario, si la causalidad del costo o gasto es demostrable por muchos otros medios.

 

Recordemos además que las infracciones tributarias se definen como toda acción u omisión que importen la “violación de normas tributarias” (art. 164 Código Tributario), lo que no puede comprender a las normas de la Ley General de Sociedades, las que disponen la exigencia de los libros societarios para otros fines.

 

(*) Abogado PUCP; MBA Centrum Católica.

 

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Columna “Derecho & Empresa”

 

EL JUEZ NO TE ESCUCHA

 

Daniel Montes Delgado (*)

 

El 11 de marzo de 2025 el Poder Judicial (PJ) emitió la Resolución Corrida N.° 000213-2025-CE-PJ, restituyendo de manera general la obligación de los jueces de atender a los litigantes en forma presencial, disponiendo que se programen los horarios respectivos. Esto, aunque tardío después del fin de la pandemia, era necesario en cumplimiento del mandato del artículo 289 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, el PJ tiene implementada la aplicación El Juez te Escucha, para pedir citas y otras atenciones. Pero, el derecho esencialmente consiste en que un abogado pueda acudir en el horario previsto a reunirse con el juez y tratar temas tan relevantes como, por ejemplo, la celeridad procesal.

 

Ahora bien, en muchos casos esta atención presencial nuevamente funciona y muy bien: el juez cumple con recibir a los litigantes. Pero, en otros casos, y aquí hacemos referencia a lo que ocurre en no pocos casos en la Corte de Piura al menos, el juez no recibe a los litigantes, sino que, a puerta cerrada, al letrado lo atiende el asistente del juez que, primero, revisa el aparente estado del expediente y, si puede, lo deriva al especialista respectivo, con argumentos como “está para proveer por el especialista”. Y, por supuesto, no le da acceso a hablar con el juez de ninguna forma. Lo que ocurre entonces es que, acudiendo donde el especialista, este le dirá no pocas veces que “solo debe esperar” porque su carga procesal es muy alta. Incluso, hablando en julio de 2026, una especialista le puede decir que la espera será larga porque “todavía estoy saliendo de los expedientes de 2025”.

 

Lo anterior es todavía peor, justamente al inicio de todo proceso; porque, como en los tiempos en que se pensaba que el trabajo en las fábricas debía distribuirse en cada una de sus tareas, los proveídos sobre admisión a trámite de toda clase de demandas, incluso de medidas cautelares (olvídese del “peligro en la demora”), pasa por una dependencia de la corte en la cual cada especialista no depende de un solo juez, sino que cada día se ocupa de los casos que le han tocado en suerte a cada juzgado. Así, no hay una subordinación directa del especialista con el juez, y como cada juez de esa especialidad o instancia no se siente responsable, ya se puede imaginar lo que le dirá el o la asistente a la hora de ir a hablar con el juez por la demora excesiva en admitir a trámite la pretensión: “insista con el especialista, mientras no haga el proveído de admisión el juez no puede hacer nada y no tiene sentido recibirlo, señor abogado”.

 

De ese modo, el derecho a ser oído por el juez se queda en letra muerta, y la admisión a trámite de cualquier proceso puede demorar dos, cuatro, seis u ocho meses o más, detenida por un cuello de botella que nadie quiere resolver, porque nadie se siente responsable. Y, la esporádica otra respuesta del asistente que lo atiende por la ventanita de la oficina del juez: “quéjelo al especialista, para que se apure con su caso”, no es una solución digna de un sistema de justicia que se supone quiere ser rápido (y debería ser rápido, para que hablemos de verdadera justicia).

 

Se dirá que el problema pasa también por temas como la contratación de personal suficiente y suficientemente capacitado, la carga procesal excesiva, la escasez de juzgados y tribunales, la excesiva litigiosidad de los peruanos, etc., pero el asunto es que, en estos casos como el que comentamos, finalmente, ni el juez, ni nadie te escucha. Y eso es terrible.

 

(*) Abogado PUCP; MBA Centrum Católica.

 

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Columna “Derecho & Empresa”

 

EL SIRE NO ES EL REGISTRO DE COMPRAS

 

Daniel Montes Delgado (*)

 

Preocupa que, aunque el Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE) no termina de funcionar bien, SUNAT pretenda utilizarlo para la fiscalización del IGV. En el caso que vamos a reseñar, SUNAT acusa una supuesta diferencia entre lo declarado en el PDT 621 como crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas (IGV) y lo anotado en el Registro de Compras Electrónico (RCE), pero lo hace comparando en realidad lo declarado con los datos reportados por el SIRE.

 

El requerimiento de fiscalización había señalado supuestas diferencias entre lo registrado en el SIRE y lo declarado en los PDT; diferencias que esencialmente se derivaban de errores de registro en el propio SIRE, como la empresa fiscalizada demostró con el archivo electrónico presentado en respuesta al requerimiento, en el que se desvirtuaban las supuestas diferencias; todo lo cual demostraba que a pesar de haber recibido los datos, el SIRE no los reportaba correctamente, habiendo cometido diversos errores, como no reflejar el crédito del IGV, o colocar el IGV en la columna para adquisiciones de no gravadas, entre otros. SUNAT señaló en su resultado del requerimiento que había verificado estos datos, revisando la base del SIRE así como los comprobantes electrónicos y demás datos que tiene a disposición en sus sistemas; pero mantuvo el reparo por determinados períodos.

 

Así, en un determinado mes valida el crédito parcialmente respecto de varios comprobantes, pero desconoce el importe de otras facturas de un proveedor, porque supuestamente el SIRE no lo muestra como parte del Registro de Compras Electrónico (RCE); que es precisamente lo que la empresa ya había indicado en el archivo en Excel que había presentado; pero eso no hizo cambiar el sentido del reparo.

 

Y SUNAT se equivoca porque el SIRE no es el RCE, por lo que no puede sustentar la supuesta falta de registro en el RCE porque hay un defecto en el SIRE, ya que este último solo es la plataforma a través de la cual se ingresan los datos, no el RCE en sí. En una demostración de que SUNAT no buscaba la verdad material, no estaba cuestionando la validez del comprobante o de la operación subyacente, solo se estaba basando en lo que mostraba el SIRE, que ya se había demostrado que estaba errado.

 

Era evidente que la empresa había usado el SIRE para elaborar su REC, por lo que no era de su responsabilidad que la base de datos del SIRE tuviera errores o no muestre información que el contribuyente sí había ingresado. Es más, en otro período de los fiscalizados SUNAT validó el crédito mal reportado por el SIRE, reforzando la evidencia de los errores y problemas generados por ese sistema.

 

SUNAT no debería usar el SIRE como insumo para ninguna fiscalización del crédito fiscal del IGV, en tanto no pueda garantizar que ese sistema funciona correctamente, lo cual se ve sumamente difícil, como evidencia el hecho que su obligatoriedad general se siga postergando indefinidamente; o lo sustituya por uno que realmente pueda funcionar correctamente, que es lo que creemos que terminará pasando, pero no sabemos cuándo.

 

(*) Abogado PUCP; MBA Centrum Católica.

 

http://cuestionesempresariales.blogspot.com

 

 

Columna “Derecho & Empresa”

 

SUNAT: “NO TENGO PRUEBAS CONCLUYENTES, PERO…”

 

Daniel Montes Delgado (*)

 

Notamos que, actualmente, SUNAT señala argumentos tendenciosos para desconocer gastos o costos por servicios prestados por terceros, sin que haya reunido o realizado pruebas suficientes, pero alegando una falta de suficiencia sobre la realidad de las operaciones; del tipo:

 

1.- No niega la validez de un Contrato de Locación de Servicios, que consta con firmas legalizadas, sino que apunta al hecho que el notario solo habría colocado su sello en la primera y la última página del contrato, no así en las páginas intermedias (donde se detallan las tarifas por servicios). Admite entonces que eso no afecta la validez formal del contrato, pero que “sí introduce un elemento de razonable cuestionamiento respecto al grado de certeza y credibilidad del contenido íntegro del contrato proporcionado por el fiscalizado”.

 

Esto no pasa de ser una especulación del auditor de SUNAT, sin sustento alguno, en especial porque no señala de qué forma podría haberse producido una supuesta distorsión de las “tarifas por servicios” que tuviera efectos en el crédito fiscal del IGV; máxime si SUNAT no ha cuestionado en forma alguna los valores del servicio recibido por la empresa, es decir, no ha acusado una supuesta sobrevaluación o ningún otro efecto similar.

 

2.- No niega que los listados de trabajadores destacados por el proveedor a la planta de producción hayan sido firmados por estos, pero compara las firmas de algunos de ellos con las que aparecen en sus DNI, sosteniendo que no son similares: “Si bien esta circunstancia no implica, por sí sola, un pronunciamiento sobre la validez formal del documento (reportes), sí genera un razonable cuestionamiento respecto de su fehaciencia y credibilidad, en tanto no resulta posible tener certeza sobre la efectiva suscripción del mismo por parte de quien aparece como firmante”.

 

Sin que SUNAT haya realizado una pericia grafotécnica, ni haya citado a declarar a dichas personas, ni haya realizado ninguna otra actividad probatoria respecto de su especulación sobre la grafía de las firmas de estas personas, se atreve a sostener de nuevo un argumento ambiguo (parecido al de la legalización del contrato).

 

3.- Sobre el mismo tema del personal destacado por un proveedor, SUNAT puede sostener: “de la verificación efectuada en los sistemas de la Administración Tributaria, se advierte que por el periodo fiscalizado dicho proveedor no registra adquisiciones por concepto de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR). Al respecto, debe considerarse que, atendiendo a la naturaleza de las actividades y/o servicios que habrían sido prestados, la contratación de dicho seguro resulta indispensable. En tal sentido, se evidencia una inconsistencia entre lo estipulado contractualmente y la información objetiva verificada en los sistemas de SUNAT, lo cual constituye un elemento contradictorio que resta fehaciencia a lo manifestado en los descargos respecto al real cumplimiento de las obligaciones asumidas por el proveedor”.

 

Pero la administración está proyectando un hecho que no ha sido demostrado ni señalado en los resultados de los requerimientos (porque tampoco fue exigido en ellos); SUNAT no aporta elemento alguno que acredite cómo es que habría verificado que el proveedor nunca contrató pólizas de SCTR en los períodos fiscalizados.

 

4.- Y lo mismo se puede señalar respecto de este otro argumento que SUNAT propone sin sustento concreto: “se procedió a analizar a los proveedores de ………… SAC, quienes le habrían abastecido a este de implementos necesarios para su personal para la correcta prestación de servicios a sus clientes, entre ellos, al sujeto fiscalizado …………. SRL. Se analizó una muestra de ….. proveedores (que representan el 72.38% del total del crédito fiscal de ………… SAC durante el periodo 2022 y que son: ……………………….., identificado(a) con RUC N° ………….., …………. y …………………….,, quienes habrían abastecido a la LOCADORA de implementos como …………., …………., …………, entre otros; sin embargo, se tiene que estos proveedores, durante el periodo 2023 no se habrían abastecido de mercadería para poder atender sus ventas con sus clientes, entre ellos, a ………… SAC.

 

Pero, SUNAT no señala en qué períodos habría realizado la búsqueda de tales compras por parte de los proveedores del proveedor, ni los criterios para tal búsqueda, ni los productos materia de la misma, ni ha efectuado cruces de información, ni otras acciones de verificación que le permitan sostener tal cosa con un sustento real. Por el contrario, nuevamente se limita a usar esto como un argumento ambiguo: “Si bien esta circunstancia no implica, por sí sola, un pronunciamiento directo sobre la efectiva prestación de los servicios que habrían sido prestados por …….. SAC a ……….. SRL, sí genera un razonable cuestionamiento respecto de su fehaciencia y credibilidad, en tanto surgen inconsistencias sobre el abastecimiento de materiales, implementos y otros que habría adquirido el proveedor para la efectiva prestación de servicios durante el periodo en revisión”.

 

Como se aprecia, los argumentos de SUNAT no son concluyentes, ni se basan en medios probatorios apropiados, ni se ha agotado la posibilidad de llevar a cabo los medios probatorios razonablemente necesarios (cruces de información, en especial). Esto, unido a la ya establecida costumbre de analizar por separado cada elemento de información aportado por el contribuyente, buscando negarles validez o, en estos casos reseñados, acusar dudas basadas en especulaciones o afirmaciones que no fueron comunicadas en los requerimientos y sin dar oportunidad a que se discutan, o incluso si son imposibles de rebatir (en el caso del proveedor del proveedor).

 

(*) Abogado PUCP; MBA Centrum Católica.

 

http://cuestionesempresariales.blogspot.com