Delito de usura

Columna “Derecho & Empresa”

El delito de usura y la relación entre las normas civiles y penales para su configuración.

Deysy López Zegarra (*)

Hoy en día es común que muchas personas naturales y algunos empresarios otorguen préstamos de dinero a sus trabajadores, pactando intereses; sin embargo, algunos prestamistas quizá por desconocimiento pactan intereses del 10% hasta 20% mensual; pero se han preguntado si ¿pactar dicho interés está permitido por ley?

Nuestra normativa penal, contempla entre los delitos contra la confianza y  buena fe en los negocios, a la USURA; delito socioeconómico, debido a que en su configuración se puede advertir un aprovechamiento de la posición de superioridad para exigir ventajas desproporcionadas (altos intereses),  en la relación de negocio (entre el prestamista y el prestatario).

El delito de usura según nuestro código penal  lo comete la persona que  “con el fin de obtener una ventaja patrimonial, para sí o para otro, en la concesión de un crédito o en su otorgamiento, renovación, descuento o prórroga del plazo de pago, obliga o hace prometer pagar un interés superior al límite fijado por la ley (…).” Sin embargo aunque no se menciona, la usura castiga solamente cuando sean los particulares ajenos al sistema financiero, los que prestan el dinero estableciendo intereses que sobrepasan las tasas máximas fijadas por el Banco Central de Reserva; siempre y cuando exista una ventaja patrimonial para el prestamista o un tercero, y un aprovechamiento de la necesidad del prestatario.

El código civil establece los límites para el pago de intereses, si se sobrepasa el límite la primera sanción aplicable es la devolución o la imputación al capital, según la voluntad del deudor; luego procede la denuncia penal por el delito de usura, según las normas del código penal.

La conducta delictiva se configura cuando el prestamista obliga o hace prometer al prestatario el pago de interés superior al superior fijado por ley; abuso de una situación privilegiada que  nuestras normas penales no permiten, pues se estaría atentando contra la economía en general.

La acción se materializa, según lo establecido en el código penal, en diversos momentos: Durante la concesión del crédito; esto es, desde que se celebra el contrato de préstamo agregando los intereses; durante el otorgamiento del crédito, es decir cuando el contrato se perfecciona trasladando las sumas de dinero de una persona a otra; durante la renovación del contrato, cuando ha vencido el primigenio; durante el descuento, es decir cuando el monto del capital se ha reducido, sin embargo el interés se amplía hasta sobrepasar el límite permitido; y durante la prórroga del plazo de pago, cuando se amplía el tiempo que se estableció como límite para el pago de intereses. Puede ser que un contrato se haya celebrado con un interés permitido, pero que en el transcurso del tiempo esté interés sea aumentado hasta pasar el límite establecido por el BCRP, en estos casos igual se cometerá el delito, que pocos denuncian y que muchos permiten, por la necesidad de dinero.

El autor del delito puede ser cualquier persona natural o jurídica, en cuyo caso se entenderá que fue el representante de la persona jurídica quien obligó o hizo prometer al prestatario, el pago de intereses usureros, y por lo tanto asumirá la responsabilidad penal. Asimismo se puede denunciar a los partícipes del delito, al instigador y a los cómplices. Un cómplice será la persona que logra poner en contacto a la persona que necesita el dinero con el usurero, a sabiendas que este último cobra unos intereses excesivos, por el capital que otorga en calidad de préstamo.

La  circunstancia agravante del delito será cuando el prestatario es una persona incapaz o una persona que se encuentre en estado de necesidad, la cual debe ser urgente; por ejemplo una persona que ha sido víctima de un terremoto y lo ha perdido todo, su necesidad será extrema, actual e inmediata, circunstancia que lo forzará a aceptar el pago de intereses superiores a los permitidos por ley. Esta última circunstancia agravante excluye a las personas naturales o jurídicas, que en su calidad de prestatarios aceptan el préstamo y el pago de intereses; sin tener una necesidad, por ejemplo para realizarse una cirugía estética o comprarse una casa de playa.

(*) Abogada por la Universidad Nacional de Piura. Montes Delgado – Abogados SAC.