RAPIDOS Y
FURIOSOS
Ángel Armando
Correa Freire (*)
El viernes 13
de diciembre se aprobó en el pleno del Congreso la Ley de
Modernización de la Refinería de Talara. Es un proyecto de 3500 millones de dólares, de los cuales con recursos propios Petroperú financiará 2700 millones de dólares mediante
endeudamiento, y el resto va a ser
financiado por entidades privadas, inversionistas de
negocios conexos. Se supone que el Estado no
desembolsará dinero, pero de todos modos compromete los
recursos de la nación y de todos los peruanos; pero lo más
importante de la norma es que trae
aparejado el inicio de un proceso parcial de
privatización, mediante el lanzamiento
de una oferta para que el 49% del
accionariado de Petroperú pase a manos
privadas.
Pese
a las buenas intenciones del legislador, creemos que cabe desmentir la siguiente premisa: “la
participación en bolsa de PETROPERÚ y la propiedad del 49% en manos de privados
va a dinamizar y optimizar la gestión de
PETROPERÚ". El hecho de participar en bolsa no va a
cambiar el funcionamiento de la empresa, que va a
seguir siendo de propiedad pública y cuyo control va a
seguir siendo en un 51% del Estado, mucho menos si la empresa no ha
implementado mecanismos que le permitan funcionar como una
verdadera empresa privada, cuando tan importante
como la propiedad es que la empresa privatice su funcionamiento.
Por ejemplo, para contratar Petroperú utiliza el Reglamento de
Contrataciones de Petroperú, reglamento aprobado por el Organismo Supervisor de
las Contrataciones del Estado mediante Resolución Nº
523-2009-OSCE/PRE de fecha 11 de diciembre de 2009, el cual está inmerso dentro
de un gran manual de procedimientos logísticos. En defecto del
reglamento se aplica la Ley de Contrataciones del Estado, lo cual lo
pone a la empresa en una evidente situación de desventaja
frente a una empresa netamente privada por
dos sencillas razones. Una es que el régimen
burocrático de un Proceso de Competencia Menor o de un Proceso de Competencia
Mayor, hace que este demore al menos entre 60 a 90 días una contratación
o adquisición, lo cual dificulta la agilidad y dinamismo de la empresa. Y el segundo problema que genera la contratación administrativa es
que se debe escoger lo más barato entre propuestas que
acreditan requisitos técnicos iguales o parecidos, que satisfacen
lo establecido en las bases administrativas; para dinamizar PETROPERÚ esto debe
cambiar radicalmente.
Un ejemplo
imaginario sería el siguiente: Tenemos dos empresas,
la primera es una empresa internacional certificadora química que otorga
certificados ISOS y OSHAS a nivel mundial, la otra es un consorcio entre una
empresa nueva llamada MEDIOCRE S.A.C y un laboratorio de
una universidad X. Las dos postulan a un Proceso por Competencia Mayor, para el
muestreo y análisis de sedimentos,
efluentes y residuos sólidos de una
Estación del Oleoducto Nor Peruano. Es evidente que
para garantizar un mejor estudio ambiental y evitar
responsabilidades futuras, deberíamos pagar un poco más como
empresa, sin embargo el laboratorio de la universidad también cumple los requisitos mínimos (al menos en apariencia) y como está consorciada y en el contrato de consorcio se señala a la universidad como
la gestora del laboratorio y a MEDIOCRE S.A.C como la que realiza el simple
muestreo, y además su Monto Estimado Referencial es muy bajo, ellos ganarían la buena pro,
siendo el más afectado Petroperú y, ahora, sus accionistas
privados también, en caso el servicio sea malo.
(*)
Universidad de Piura. Montes Delgado - Abogados SAC.
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