Tercería de propiedad y documento privado de fecha cierta

Columna “Derecho & Empresa”

TERCERIA DE PROPIEDAD Y FECHA CIERTA

Daniel Montes Delgado (*)

Tratándose de la cobranza de deudas tributarias, la facultad que tienen las administraciones tributarias de embargar los bienes del deudor trae aparejado un riesgo: que esos bienes, por más que se encuentren en posesión del deudor, no sean de su propiedad, entre otros casos, por haberlos transferido con anterioridad a las medidas de embargo. En esos casos, el tercero que es el verdadero propietario y que resulta afectado por dicho embargo, puede interponer una tercería de propiedad, a fin de que se levante el embargo y se le restituya el bien. Por supuesto, si esto fuera muy sencillo, se abriría una puerta para que muchos deudores defrauden al Estado, por la vía de simular transferencias con fecha anterior.

Para evitar ese peligro, tanto el Código Tributario como la Ley de Cobranza Coactiva exigen que el derecho del tercerista de propiedad se sustente en un documento público (por ejemplo una escritura pública extendida por Notario), o en todo caso en un documento privado de fecha cierta (a un simple contrato privado, por ejemplo, le daría fecha cierta la constancia de legalización de las firmas por un Notario). La cuestión es: ¿hasta dónde puede extenderse el concepto de la fecha cierta?

Tomemos como ejemplo el caso al que se refiere la RTF  00048-7-2012, en el cual un tercerista se presenta a reclamar que el inmueble embargado es suyo y presenta, entre otros documentos, un contrato privado sin firmas legalizadas, pero también las declaraciones y pagos del Impuesto Predial desde años anteriores al embargo. En la primera instancia la administración tributaria le denegó la tercería, señalando que ese documento privado simple no cumplía el requisito legal de tener fecha cierta, pero no dijo nada acerca de las declaraciones del impuesto predial y de cómo habían sido emitidas si el tercerista no era propietario. En la segunda instancia, el Tribunal Fiscal anula esa decisión y ordena a la administración volver a merituar todo ello, porque era necesario verificar si el tercerista, a fin de declarar y pagar su impuesto predial, había o no presentado ese contrato simple al municipio respectivo para inscribirse como contribuyente del impuesto.

Y es que, desde la emisión de la RTF 07353-2-2002, este tribunal tiene el criterio, bastante acertado, de que si el documento privado simple es presentado ante un funcionario público, entonces adquiere la calidad de fecha cierta, precisamente porque su existencia anterior al embargo ya no puede acreditarse con la mera afirmación de las partes que firmaron ese documento, sino que además, ese documento habría sido de conocimiento del Estado a través de su incorporación a un procedimiento. En el caso que comentamos, eso significa que si el tercerista presentó su contrato privado para efectos de inscribirse como contribuyente del impuesto predial por ese inmueble, entonces ese contrato sí tiene fecha cierta.

El criterio es útil, incluso si el procedimiento en el cual el contrato se presentó no guarda relación directa con el tema de la propiedad de los bienes. Pensemos en una empresa que adquirió la propiedad de equipos y maquinaria de una planta industrial mediante un contrato privado simple, que luego por diversas causas son embargados al antiguo propietario o a otra persona. Si por ejemplo, ese contrato fue presentado como parte del expediente de la empresa ante SENASA para certificar su planta para realizar agroexportaciones, ese contrato se habrá convertido en uno de fecha cierta, pudiendo con ello sustentar su tercería de propiedad y recuperar sus bienes. Así que en estos casos, el tener acceso a esos procedimientos administrativos en los cuales podamos encontrar apoyo a nuestros documentos simples, es esencial. Buena memoria y un archivo ordenado, entonces, se vuelven importantes, además del cuidado necesario para la custodia de los bienes de la empresa.

(*) Abogado PUCP, MBA Centrum Católica. Montes Delgado – Abogados SAC.