ARBITRIOS
MUNICIPALES: CADA VEZ PEOR
Daniel
Montes Delgado (*)
Como cada fin de año, nos han bombardeado las
ordenanzas municipales que aprueban los cálculos para la determinación de las
tasas tributarias a pagar por los arbitrios de limpieza pública, parques y
jardines y serenazgo. Considerando que en el Perú tenemos más de un millar y
medio de municipios, ese esfuerzo por complicarse la vida de los funcionarios
ediles, y de complicársela además a los vecinos de cada distrito y provincia,
es encomiable pero estaría mejor orientado a esfuerzos más productivos.
El caso es que, desde aquellas desafortunadas
sentencias del Tribunal Constitucional (TC), en 2005, metido a legislador
municipal, que exigía mejores sistemas de determinación del costo de los
arbitrios, en lugar del antiguo sistema basado en el valor de las propiedades,
las cosas han seguido un camino cada vez más engorroso, al punto que vemos
ordenanzas cuyo texto completo ocupa sesenta o más páginas de una letra
diminuta. Pero curiosamente, hoy día también vemos una simplificación paralela,
pero por los malos motivos.
Nos explicamos. Si el municipio, siguiendo las
directrices del TC, quiere justificar el costo del arbitrio de limpieza partiendo
del presupuesto anual de cada servicio (desde el sueldo del funcionario más
alto hasta el gasto en lapiceros), para luego usar como criterios de distribución
de ese costo la longitud del frontis de cada predio, además del uso que se le
da, la cantidad de personas promedio que viven o trabajan allí, la frecuencia
de barrido de las calles y del paso del camión recolector, además de la
diferenciación entre zonas comerciales, industriales u otras, el resultado es
un abultado informe técnico que pretende darle forma a semejante enredo, para
decirnos cuánto debemos pagar al año por este servicio. Y lo mismo con parques
y jardines y el serenazgo. Y en esa complicación elevada a la enésima potencia,
el único que sale ganando es el municipio, porque para cuestionar esa
determinación, el pobre vecino tendría que desarmar toda esa maraña de
numeritos y supuestos (¿cómo cuestionar si el supervisor de los barrenderos
gasta o no los 2,400 soles anuales en celulares para controlarlos? ¿o si el
personal necesita o no tres juegos de uniformes al año? o ¿cómo demostrar que
el barrendero no pasa tres veces al día por nuestra calle?). Con eso, el TC se
ha librado de un problema, porque ya casi nadie reclama, pero no porque esté
conforme, sino porque no se quieren dar el trabajo.
Pero ahora observamos, con mayor frecuencia cada
año, que los propios municipios se apartan de los criterios supuestamente
técnicos de determinación de sus arbitrios, para usar otros criterios todavía
más cuestionables. Comentaremos solo dos de esos casos. El primero es el del municipio
distrital de El Alto, en Talara. Dice su ordenanza que los vecinos que
acrediten ante su dependencia de desarrollo social su estado de pobreza, podrán
conseguir una exoneración de hasta el 90% de los arbitrios. Quiere decir que en
ese caso nada importa el estudio técnico, sino el criterio del funcionario que
decidirá cuánto pagará cada vecino que alegue dificultades económicas. De más
está agregar el mal uso político que se le puede dar a semejante herramienta,
por supuesto.
El otro caso es del municipio provincial de
Trujillo, el cual ha dividido los predios según su uso y ha fijado topes
máximos de incremento en el costo de los arbitrios para el año 2015, sin que
importe que de acuerdo con su extensa metodología el resultado pudiera ser
mayor. Lo curioso es que los predios de uso residencial no están incluidos en
esa regla, de modo que al final lo que dejen de pagar los negocios, entre ellos
dice la ordenanza, bares, discotecas y clubes nudistas, entre otros locales de “esparcimiento”,
lo pagarán los vecinos que usan sus predios para vivir en ellos, que tendrán
que soportar el incremento, sea cual sea el monto.
De modo que, como ya lo hemos comentado antes, en
este tema estamos peor que antes, gracias a una bien intencionada decisión del
TC, aprovechada interesadamente por los municipios y deformada hasta el extremo.
Bien decían los antiguos que las leyes más justas son las más sencillas y que
cualquiera puede entender, no los enredos que tenemos ahora, donde terminamos a
merced del poder de los funcionarios que, con el pretexto de justificarlo todo,
no explican nada.
(*) Abogado PUCP, MBA Centrum Católica. Montes
Delgado – Abogados SAC.
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