PERSONA
JURÍDICA Y RESPONSABILIDAD PENAL
Conforme al Código Penal (arts. 104 y 105), las
personas jurídicas serán emplazadas e incorporadas en un proceso penal, a
solicitud del fiscal, siempre que sean pasibles de imponérseles las medidas
previstas en esa misma norma. Esto es algo excepcional, puesto que en el Perú
privilegiamos la responsabilidad de las personas naturales, por lo que sólo se
le puede imputar la responsabilidad penal al representante o administrador de
la empresa. Si bien el delito es cometido por una persona natural, este debe
ser cometido “en ejercicio de la
actividad de cualquier persona jurídica, o utilizando su organización para
favorecerlo o encubrirlo” (1er párrafo del artículo 105).
Sin embargo, aun cuando responde penalmente el
representante de la persona jurídica, la empresa sufrirá las consecuencias de
su accionar delictivo; y el mencionado artículo 105 contempla para ello las denominadas
CONSECUENCIAS ACCESORIAS, las que serán impuestas al final del proceso, junto con las consecuencias principales del
delito (pena, medida de seguridad y reparación civil).
Para que el juez imponga medidas accesorias a la
persona jurídica, se requiere que se cumplan los siguientes presupuestos: a)
Que se haya cometido el delito, b) Que la persona jurídica haya servido para la
realización, favorecimiento o encubrimiento del delito, y c) Que se haya
condenado al autor del delito.
El juez puede aplicar todas o algunas de las
siguientes medidas, contempladas en el art. 105°:
·
Clausura
temporal o definitiva de locales o establecimientos: la clausura puede ser
total o parcial. Esta medida se aplica al establecimiento que ha servido para
la realización, favorecimiento o encubrimiento del delito
La clausura
temporal no puede exceder de los 5 años, tiempo bastante prolongado que puede generar, incluso, la
quiebra de la empresa.
·
Disolución
y liquidación de la persona jurídica: es una medida extrema, y se aplica a los
delitos más graves. Lo que se pretende evitar con la medida es que la empresa
vuelva a involucrarse en el delito o en otros delitos, pues se le considera un
peligro potencial.
·
Suspensión
de las actividades de la persona jurídica: puede ser de todas o algunas de
las actividades; cuando la medida es parcial se suspende aquella actividad que
está directamente vinculada con la comisión del hecho delictivo. Como es de
carácter temporal, no debe exceder de dos años.
·
Prohibición
de realizar en el futuro actividades de la clase de aquellas que involucraron a
la persona jurídica con la comisión, favorecimiento o encubrimiento de un hecho
punible: esta medida puede ser temporal o definitiva y no puede extenderse
hacia actividades que no se encuentran directamente relacionadas con el delito.
La norma protege también los derechos de los trabajadores y acreedores
que pudieran resultar afectados con la imposición de las medidas accesorias a
la persona jurídica; con tal fin, el juez ordenará a la autoridad competente
que disponga la intervención de la persona jurídica sancionada, hasta por un
período de dos años.
En el último párrafo del artículo se establece que
la imposición de la consecuencia accesoria no se verá impedida por “el cambio de la razón social, la personería
jurídica o la reorganización societaria”. Ello con el fin de evitar las
acciones fraudulentas que pretendan impedir
la ejecución de la decisión judicial. Además, existen leyes penales
especiales que han previsto una regulación propia sobre las consecuencias
accesorias aplicables a las personas jurídicas involucradas en delitos
tributarios, aduaneros y de lavado de activos.
Como vemos, a una persona jurídica no se le puede
imputar una acción delictiva, pero ésta sufre las consecuencias de las acciones
de sus representantes, por lo que los propietarios de esas empresas pueden
terminar siendo afectados en sus inversiones si no controlan adecuadamente a
dichos representantes.
(*) Abogada por la Universidad Nacional de Piura.
Montes Delgado – Abogados SAC.
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