CONVIVIENTES
“HEREDEROS” Y PAGO DE IMPUESTOS
Daniel
Montes Delgado (*)
Ya nos hemos referido
anteriormente a los efectos poco sistemáticos de la Ley 30007, que ha
establecido derechos “hereditarios” a favor de los convivientes, por la vía de
modificar algunos artículos del Código Civil, pero sin llegar a considerar como
herederos forzosos en toda regla a estas personas. Y si la nueva regulación es
poco sistemática en cuanto a las normas civiles, los efectos en otros campos
del sistema jurídico pueden ser mayores todavía.
El art. 17 del Código
Tributario establece que los herederos y legatarios son responsables solidarios
con su causante, por las deudas tributarias dejadas de pagar por aquél, “hasta
el límite del valor de los bienes que reciban”. Por el concepto de herederos
debe entenderse a aquellas personas señaladas como tales en el Código Civil, en
este caso, siempre se ha entendido que la referencia es al art. 724 de ese
código, que define a las personas que son herederos forzosos. Con el cambio
introducido en este art. 724, quedarían comprendidos entonces los convivientes,
si consideramos que la Ley 30007 ha incluido su mención como tales.
El problema es que las
cosas no son tan claras, porque la misma Ley 30007, cuando modificó el art. 326
del Código Civil, norma base de los derechos de los convivientes, señala que a estos
les corresponden derechos “sucesorios” similares a los del matrimonio. Nótese
que no usa el término “hereditarios” para referirse a esos derechos, lo que
hubiera sido mucho más preciso, porque la relación entre “sucesorios” y “herederitarios”
es como la relación entre género y especie, siendo el de la sucesión un
concepto mucho más amplio que la de la herencia propiamente dicha. De allí que
tengamos la duda razonable acerca de si en verdad estamos ante derechos
hereditarios o ante derechos que se les parecen mucho, pero que en definitiva
son diferentes.
La cuestión no es
intrascendente, ya que la atribución de responsabilidad solidaria a
determinadas categorías de personas cae dentro del llamado principio de
legalidad, es decir, que sus supuestos deben ser establecidos clara y
precisamente en una ley, para poder ser aplicados a una persona concreta. Y ya
que la analogía está prohibida como método de interpretación de las normas
tributarias, si concluimos que los convivientes tienen derechos similares a los
de los herederos, pero que no son herederos propiamente dichos, entonces cabe
la duda de si en caso de recibir una “herencia”, serán verdaderamente
responsables solidarios, o si pueden recibir esos bienes sin que les alcancen
las deudas tributarias de su causante.
Por otro lado, y sin
perjuicio de la discusión anterior, el art. 831 del Código Civil permite la
donación a favor de los herederos forzosos (recuérdese que los convivientes han
sido incluidos en esta definición), conocida como “anticipo de legítima”. Si
esto es así, entonces se puede pensar que es posible un anticipo de legítima a
favor de un conviviente. Y ya que simular una relación de convivencia no es
demasiado difícil, habida cuenta que eso depende básicamente de las
declaraciones de los supuestos convivientes, se ha abierto una puerta que
podría ser utilizada como vía de escape de la responsabilidad solidaria y, en
definitiva, para modalidades de evasión. Si antes una donación de bienes a
personas no relacionadas podía ser discutida por la administración tributaria
acusando una “simulación”, esa posibilidad se complica porque primero habría
que acusar la simulación de la relación de convivencia, para luego discutir la
del anticipo de herencia.
Se hace necesario por
ello, a nuestro entender, o precisar las cosas en el Código Civil, dándole
sistemática a estos derechos sucesorios de los convivientes o, en todo caso,
modificar el art. 17 del Código Tributario, de modo que se incluya el supuesto
de esas personas expresamente como responsables solidarios, a fin de evitar
discusiones y contingencias. Y, en general, es necesario que el legislador sea
cuidadoso con los cambios que introduce en el sistema, para evitar
contradicciones y confusiones.
(*) Abogado PUCP, MBA
Centrum Católica. Montes Delgado – Abogados SAC.
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