SOBRE LA BANCARIZACION DE SALARIOS EN
CONSTRUCCION CIVIL
Daniel Montes Delgado (*)
La idea
del Ejecutivo de obligar a las empresas constructoras a bancarizar los salarios
que pagan a sus obreros no es mala, pero peca de simplista y seguramente será
poco eficiente para frenar la ola de extorsiones que se sufren en ese sector
económico.
Se dice
que esta norma asegurará que solo se pague a quienes estén en planilla y
realicen verdadero trabajo en las obras, pero eso es relativo. Si bien es
cierto hoy día las constructoras que se someten a las extorsiones pagan por
determinados “chalecos” u obreros fantasmas a la mano y en efectivo, eso no
quita que el día de mañana con la nueva norma los seudo sindicatos mafiosos obliguen a esas mismas empresas a
registrar en planilla a sus compinches o personas de su entorno, que igualmente
no harán trabajo alguno, pero estarán en planilla y recibirán el dinero igualmente.
Y si nos dijeran que aun así se podrá combatir el delito porque habrá alguien
(¿la policía?) vigilando aquellas personas cuyos nombres se repiten en las
obras y pudieran ser sospechosas de actuar como vehículos de la extorsión, lo encontraríamos
difícil de creer.
Por otro
lado, la idea de que esto permitirá realizar auditorías o controles sobre los
verdaderos recursos empleados en las obras es absurda. Los empresarios de
construcción no necesitan de una norma así para saber cuánto les cuesta el
accionar delictivo de los seudo sindicatos, y a los clientes de esas empresas
no les importa el asunto, pues no es su problema, al estar incluido ese costo
en el presupuesto de la construcción bajo otros rubros. Ninguna empresa de
construcción va a sincerarse con este control de modo que deje de cobrar a sus
clientes por los mayores costos que le impone la delincuencia, como si tuvieran
que asumir ese gasto sin poder trasladarlo a nadie.
Por último, como explica un dirigente sindical: “A cada obrero le obligan a pagar 300 o 500 soles por puesto de trabajo y luego tienen que cancelar 60 soles semanales o les dan tarjetas de polladas en apoyo de sus 'dirigentes' que se encuentran en prisión”. ¿El hecho de que esos trabajadores extorsionados reciban su sueldo por el banco va a impedir que retiren la parte de esos cupos y se los entreguen a los delincuentes? Claro que no.
Esta no es
sino otra evidencia de una tendencia perniciosa de nuestros legisladores, que
cargan los costos y la responsabilidad de frenar la delincuencia en las propias
víctimas antes que en un accionar preventivo y de verdadera labor de
inteligencia de la policía y otros entes estatales, por no hablar de la
corrupción, pues en no pocos casos estas mafias han conseguido poner de su
parte incluso a algunas autoridades. En suma, un ejemplo de cómo no se debe
legislar y de cómo se le echa la culpa a otros en lugar de combatir la
delincuencia, en nuestra opinión. Porque, como corolario de este absurdo, se
pretende multar a las empresas que no bancaricen algún salario, real o
ficticio, de sus trabajadores.
(*) Abogado PUCP, MBA Centrum Católica. Montes
Delgado – Abogados SAC.
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